Podemos pide legalizar el consumo de cannabis en espacios habilitados

Unidas Podemos ha registrado este miércoles en el Congreso su Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas, que permite la tenencia y consumo de productos en ámbito privado y espacios habilitados, así como su cultivo, distribución y venta, y que ordena la actividad de los clubes de consumidores.

Unidas Podemos se suma así a las iniciativas en el mismo sentido presentadas la pasada semana por Más País y ERC para «abrir un debate sobre la necesidad de regular todos los usos del cannabis en España, tanto para consumo particular, como el profesional o medicinal».

Sin embargo, la diputada de la formación morada, Lucía Dalda, ha subrayado que el proyecto de ley de su grupo parlamentario no solo pretende abrir el debate en el Pleno del Congreso, sino ser aprobado, por lo que UP trabajará y negociará para conseguir una mayoría parlamentaria.

La ley permite la tenencia y el consumo de productos del cannabis, así como su cultivo, distribución y venta, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley y en los reglamentos que se desarrollen.

Respecto al consumo, que se establece en un máximo de 10 gramos diarios, Unidas Podemos propone que solo se permita en el ámbito privado y en los espacios habilitados en la ley.

El proyecto regula también el autocultivo y determina los «20 metros cúbicos de fronda a término como límite», así como las asociaciones y el mercado a través de un sistema de licencias con un fuerte control por parte del Estado -con la creación de la agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC)-y las comunidades autónomas.

Este sistema de licencias «promueve la vertebración territorial y la correcta distribución de beneficios», asegura Podemos. Por ello, no se podrá cultivar en interior salvo que el 90 % de la potencia eléctrica total empleada para su producción provenga de fuentes de energía renovable producidas por la propia empresa titular de la licencia.

Además, supondrá ventajas fiscales para zonas despobladas con el fin de promover el desarrollo de estos proyectos en la España vaciada.

De esta manera, según Dalda, se sacaría a flote una economía sumergida desarrollada en la clandestinidad y se generaría miles de puestos de trabajo.