Política
El gobierno español aprueba el nuevo impuesto de plusvalía con dos vías de cálculo este lunes
El texto legal modifica algunos puntos que quedaron anulados por el Tribunal Constitucional
La portavoz del gobierno español, Maria Jesús Montero, este 27/7/2021 a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en La Moncloa (horizontal)
El Consejo de Ministros aprobará este lunes el Real Decreto-ley que adaptará el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional y que permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie, han confirmado a Efe fuentes de Hacienda.
Con el nuevo impuesto quedará «garantizado que nadie que haga una venta a pérdidas lo tendrá que pagar», aseguran desde el ministerio.
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, un tributo local conocido como plusvalía municipal, grava la revalorización de los inmuebles con base en una metodología que el TC ha considerado inconstitucional.
En su sentencia del 26 de octubre, el TC anuló varios aspectos del tributo -que se paga cuando alguien vende, dona o hereda una vivienda-, en virtud de los cuales siempre había que pagarlo, con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor y la cuota pudiera resultar excesiva.
Con las modificaciones que se aprobarán mañana, la cuota se podrá calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que fijará el ministerio y que reflejarán la realidad inmobiliaria, o mediante otra opción que consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el de venta, según adelantó El País y ha confirmado Hacienda.
«Se trata de poner en marcha una solución que permita que el impuesto sea constitucional y que los ayuntamientos lo puedan seguir cobrando. Ese fue el compromiso que se adquirió y lo que se va a hacer», subrayan desde el ministerio.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que llevaría al Consejo de Ministros «un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales», con el objetivo de dar «tranquilidad y seguridad» a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.