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El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans convoca una huelga para el 16 de diciembre contra la 'ley Castells'

El sindicato ve la reforma universitaria que impulsa el ministro como una «grave amenaza» para el sistema público

Imagen de archivo de un aula donde se hicieron las PAZ el curso pasado.

Cerca de 40.000 estudiantes se examinarán de la selectividad a partir del próximo martesACN

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El Sindicatd'Estudiantes dels Països Catalans (SEPC) convoca para el jueves 16 de diciembre una huelga en los institutos y universidades como rechazo a la «ley Casatells», que ven como una «grave amenaza» para el sistema público. El sindicato considera que la ley, impulsada por el ministro Manuel Castells, se presenta como «progresista, moderna y adaptada a los cambios» de la sociedad, pero que en la práctica concibela educación como una «mercancía» y «facilita las cotas poder de las empresas dentro de la universidad», según explica la portavoz de la organización, Marta Daviu. El SEPC tiene previsto organizar una manifestación unitaria en Barcelona para el día 16 y varias movilizaciones en el territorio, así como otras protestas durante las semanas previas al paro.

El SEPC considera que la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que el ministro presentó en agosto y que tiene que sustituir la del 2001, recorta «enormemente la representatividad y el poder de decisión de los estudiantes» y asegura que «omite cuestiones tan importantes como la lengua, las prácticas remuneradas o el acceso a la universidad».

El sindicato critica también la ley de convivencia universitaria, que la Comisión de Universidades del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana, y advierte que es un «intento directo de desarticular» el movimiento estudiantil y de «criminalizar» los mecanismos de protesta. La organización cree que esta ley «amenaza con la vulneración de derechos tan importantes como la libertad de expresión, de asociación y de manifestación».

La portavoz del sindicato espera que la convocatoria de paro académico sea un «éxito», ya que la ley también ha contado con las críticas de profesores y rectores.

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