Piden hasta 20 años y 29 millones a 2 policías líderes de una banda de narcos

La causa, por la cual están procesadas 32 personas, ha llegado este viernes en la Audiencia de Barcelona, donde el ministerio público pide 20 y 14 años de prisión, respectivamente, para dos policías nacionales, a uno de ellos inspector y el otro jubilado, por tráfico de drogas, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.

La primera sesión del juicio ha empezado de forma atropellada después de que uno de los acusados se haya enfrentado con un testigo protegido, lo haya increpado y le haya lanzado «traficante», lo cual ha llevado al presidente del tribunal a ordenar a gritos su detención por un delito de desórdenes públicos y su traslado a los calabozos del Palau de la Justicia, sede de la Audiencia de Barcelona.

Se trata de un testigo que ayudó a destapar la trama al denunciar antelos Mossos d'Esquadra que estaba siendo víctima de múltiples amenazas y coacciones por haberse negado a colaborar con la banda después de haberlo hecho en al menos una ocasión, cuando facilitó la entrada de un cargamento de cocaína al almacén del Puerto de Barcelona del cual era encargado, a cambio de medio millón de euros.

Después de un descanso para que los Mossos d'Esquadra pudieran identificar y detener al acusado, la vista ha proseguido con las cuestiones previas, que han centrado la jornada, en las cuales las defensas han pedido la nulidad de todas las actuaciones y han cuestionado la legalidad de las escuchas telefónicas intervenidas, mientras que la fiscal ha defendido su «validez absoluta fuera de toda duda».

Tal como ha remarcado el ministerio público, estas escuchas han permitido recaudar «indicios sólidos» para formular sus acusaciones: «Se trata de dos policías, un jubilado y otro en activo, que se relacionancon personas que trafican con drogas (...) y no dan cuenta a sus superiores de la existencia de estas reuniones o contactos que son objeto de investigación».

De acuerdo con el relato de la fiscal, al menos entre diciembre de 2014 y septiembre de 2017, los acusados «conformaron un entramado el objetivo del cual era la ilícita distribución desde la provincia de Barcelona de sustancia estupefaciente, cocaína, en nuestro país y en otros países europeos» con el objetivo «de obtener un elevado provecho económico».

Los líderes de esta banda de narcotraficantes, que contaba con una «estructura jerarquizada», eran dos policías adscritos a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) que se dedicaban a «instruir y aleccionar» al resto de miembros sobre «la manera de ocultar la actividad delictiva y desarrollarla sin riesgo de ser descubiertos».

Para eso, «les impartían pautas de actuación con respecto a la manera de comunicarse y de reunirse», aconsejándoles, por ejemplo, que redujeran las llamadas telefónicas y utilizaran en cambio la aplicación «wickr», que elimina automáticamente los mensajes una vez han sido leídos, además de «telegramo» o «watshapp», que no son susceptibles de intervención judicial, para evitar dejar rastro.

También les daban consejos sobre cómo referirse a la droga -usaban palabras clave como «catálogos», «coches», «comida», «fotos de chicas», «primas», «bambas», «buda», «monster» o «Jaguar»- y sobre dónde llevar a cabo sus encuentros y reuniones, que se celebraban en viviendas, cafeterías, bares y en el interior de vehículos en zonas apartadas para no levantar sospechas.

«En tales encuentros -sostiene la Fiscalía- los policías recaudaban y recibían información de los avances de la actividad delictiva y de los problemas surgidos en el desarrollo de esta, impartiendo las pautas de actuación y solucionando las incidencias surgidas en el desarrollo de tal actividad».

Una parte de la droga procedía de Sudamérica y, en otras ocasiones, era suministrada por distribuidores integrados en la trama para su almacenaje, transporte y distribución en el mercado negro en menor escala y cuyos beneficios blanqueaban invirtiendo en empresas, negocios y en la compra de inmuebles.

De esta manera, al principio de 2015, llegaron a introducir a través del Puerto de Barcelona un cargamento de 200 kilos de cocaína procedente del Brasil valorados en 6,8 millones de euros.