El Estado cobrará un 'peaje' de entre 40 y 50 euros/año a por cada turismo que circule por autovías desde 2024
La ministra de Transporte garantiza que la recaudación se destinará a la conservación de la red viaria
Empiezan a desmantelar los peajes del AP-7 de Vila-seca, la Jonquera, Martorell y la Roca
El Gobierno central cobrará entre 40 y 50 euros al año en los vehículos ligeros para poder circular por vías rápidas de titularidad estatal a partir de 2024. El pago por uso se duplicará a los transportistas que circulen en camión y los motoristas abonarán entre 15 y 25 euros. Estas son las cuantías que pretende cobrar por el uso de las autovías y autopistas liberalizadas para cumplir con el compromiso adquirido con las autoridades europeas el mes de abril pasado para recibir el fondo milmilionari del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Fuentes oficiales del Ministerio de Transportes confirmaron al Heraldo que la pretensión es implantar este «peaje» mediante una viñeta, similar a la de la ITV, que habría que abonar anualmente hasta la adopción del modelo de pago por kilómetro. «Se alargará años, dado que habrá que decidir qué tecnología se aplica para cobrar a los vehículos en función de los kilómetros recorridos», indicaron.
El sistema en el cual se fijó el Gobierno de Pedro Sánchez es el portugués, en el cual el control del pago es automático mediante una red de pórticos instalados en las autovías. Estos elementos detectan el transpondedor (un tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones) que tiene que llevar cada vehículo, de manera que se carga a la cuenta corriente asociada al cobro del peaje, como ocurre ahora en las autopistas con el dispositivo Vía-T. Su puesta en marcha requerirá tiempo y una fuerte inversión, estimada en unos mil millones, y de aquí viene que se vaya a empezar con un modelo de «pago lineal sencillo y sin coste», como es la viñeta.
La pretensión es pactar su aplicación con las comunidades autónomas y las diputaciones forales, que en su mayor parte han rechazado su puesta en marcha, y con las asociaciones de transportistas, cuya oposición es frontal a un «peaje» que sus asociados ya tienen que pagar en otros países europeos para circular por vías rápidas.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pretende convencer a las autonomías y a los profesionales con un doble argumento: la recaudación será finalista e irá destinada exclusivamente a la conservación de carreteras, tanto estatales como autonómicas, que sufren un preocupante déficit de inversión en los últimos años.
La partida para mantenimiento de la red estatal está dotada con 1.371 millones de euros en los Presupuestos Generales para 2022, pero acumula un déficit de 7.500 millones, según la Asociación Española de la Carretera.
Fondo para conservación
El agujero se ha agravado con la liberalización de las autopistas después de finalizar las concesiones. El Gobierno de Pedro Sánchez empezó el proceso en el 2018 con la AP-1 en Burgos y desde entonces se han sumado más de un millar de kilómetros. Los últimos fueron los 477 del AP-2, entre Alfajarín y Tarragona, y del AP-7, entre La Jonquera y Tarragona, en los cuales se levantaron las barreras de peaje el pasado 1 de septiembre. En los dos casos, se ha adjudicado su mantenimiento por|para 68,2 millones.
El Gobierno central todavía tiene que concretar la casuística en el cobro por las vías de alta capacidad, dado que es partidario de introducir excepciones en el pago por uso. Así lo expuso hace menos de un mes el director general de tráfico, Pere Navarro, quien manifestó que podría quedar exento aquellos desplazamientos recurrentes por motivos laborales o de estudio o cuando se trate de una emergencia sanitaria. «Por ejemplo, el trabajador que tiene que coger la autovía cada día para ir y volver del trabajo, este queda exento del pago, si no lo crujiríamos. El viaje obligado por razones de estudio, también. Y perfectamente se podría poner que la abuela cuando va al médico también quede excluido», dijo.
Navarro señaló que se pretende establecer un «cierto margen de maniobra» para hacer compatible la recaudación para el mantenimiento de las vías rápidas con la economía de los usuarios. En el Ministerio de Transportes también están sopesando si la exención o un pago más reducido se aplica a los vehículos eléctricos que no contaminan, lo cual podría incentivar la renovación de la flota.