La madre de dos víctimas de infanticidio en Castellón valora que el Estado reconozca que falló

Itziar Prats, madre de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón en septiembre de 2018, ha mostrado su satisfacción porque el Estado haya reconocido ahora que falló al no advertir el riesgo que corrían sus hijas -que entonces tenían 2 y 6 años- y ella misma, aunque ya nada mitigará esa pérdida irreparable.

Lo ha dicho a Efe el abogado de Prats, Gabriel Rubio, después de la orden del Ministerio de Presidencia que resuelve la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por la madre de las niñas como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos dependientes de los Ministerios del Interior y de Justicia.

La resolución reconoce que el Estado falló y que no fue diligente en este caso, por lo que la Administración tendrá que indemnizar con 800.000 euros a la madre y con 200.000 a los abuelos maternos de las pequeñas.

Pese a la satisfacción que le ha producido la resolución, la madre de Nerea y Martina asegura que nada podrá mitigar la pérdida irreparables de sus dos hijas, pero cree que la resolución le da la razón en sus quejas y servirá para que otras mujeres y menores obtengan la ayuda de la administración que sus hijas no tuvieron.

El 25 de septiembre de 2018, la expareja de Prats asesinó a sus hijas y después se suicidó. Meses antes, la mujer lo había denunciado tras recibir amenazas, pero la Justicia no consideró el riesgo y descartó otorgarles medidas de protección.

Además, en la valoración del riesgo de la mujer no se tuvieron en cuenta las pruebas de amenazas de la expareja, en las que decía que todos iban a terminar muertos y él en la cárcel y que le iba a quitar lo que más quería.

Por ello, en la reclamación patrimonial de Prats se señalaba que la valoración no tuvo en cuenta ni el riesgo de letalidad ni el riesgo en que se encontraban las menores, dos cuestiones recogidas en el Convenio de Estambul, firmado por España en 2011 y que entró en vigor en 2014.

Precisamente, estos dos aspectos se incluyeron en una instrucción de Interior sobre evaluación del riesgo policial en marzo de 2019, como ha recordado a Efe el abogado, quien ha calificado de «histórica» la resolución del Ministerio de la Presidencia que, además, recoge las observaciones que en su día hizo el Consejo de Estado en las que daba «un tirón de orejas» a las administraciones.

La familia había acusado al Ministerio de Justicia de falta de diligencia y al Ministerio del Interior de aplicar protocolos obsoletos para la valoración del riesgo y protección de las menores, lo que ambos departamentos han reconocido.

Aunque la resolución no imputa el daño causado a la familia a un funcionario concreto u órgano determinado, sí señala que el funcionamiento de la Administración fue insuficiente e inadecuado.

En el caso de Interior, deduce «la existencia de un mal funcionamiento respecto a la insuficiencia de los protocolos existentes en el momento de los hechos, toda vez que no contemplaron el análisis de la realidad existente respecto a las menores fallecidas».

Respecto al Ministerio de Justicia, los hechos denunciados por la madre de las niñas evidencian, según la resolución, el funcionamiento «anormal» de la Administración de Justicia, «concretado en un fallo en cadena y sistémico del conjunto orgánico de personas y servicios integrados en los dos Juzgados que intervinieron».