Sociedad
El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio la obligación de convocar y celebrar juntas de propietarios
La Generalitat aprueba un decreto ley para facilitar los acuerdos de las comunidades en tiempo de pandemia
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El nuevo Decreto ley prorroga el Decreto 53/2020, extinguido el 31 de diciembre
El Decreto ley aprobado este martes pretende paliar los efectos negativos de las medidas decretadas por el Gobierno como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19. Estas restricciones, que afectan especialmente la movilidad, el aforo y la distancia física mínima interpersonal, podrían repercutir negativamente en el funcionamiento de las juntas de propietarios de un edificio o de una comunidad. El nuevo texto aprobado prorroga así las medidas decretadas por el anterior Decreto 53/2020, de 20 de diciembre, que se extinguieron automáticamente el 31 de diciembre de 2021, y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Reuniones telemáticas para entidades y fundaciones
La Generalitat ya aprobó el pasado mes de diciembre un decreto ley con elfin de que las entidades y las fundaciones, que tienen una regulación diferente de las asociaciones de propietarios dado que tienen personalidad jurídica propia, puedan reunirse y adoptar acuerdos por videoconferencia hasta el 31 de diciembre de 2022. El objetivo al aprobar este Decreto ley fue facilitar que estas entidades puedan desarrollar su actividad y hacer frente a las obligaciones legales en el contexto de pandemia.
Código civil catalán adaptado a la pandemia
El Decreto ley la ha impulsado la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia. La redacción del texto ha ido a cargo de la Comisión de Codificación de Cataluña, que es el órgano encargado de diseñar, desarrollar y revisar el derecho civil catalán. Todas las leyes del Código civil de Cataluña han sido aprobadas a partir de las propuestas de la Comisión de Codificación, que está formada por profesionales del ámbito jurídico de reconocido prestigio. Las propuestas de la Comisión de Codificación las revisa el Observatorio de Derecho Privado de Cataluña. El Código civil es la norma de aplicación principal en Cataluña. Este Código está vivo, y desde el Parlament de Catalunya se actualiza para que pueda dar respuesta legal a los retos y a las necesidades sociales de hoy.