El presidente de Iberdrola declara como imputado por el caso Villarejo

Un día antes, el lunes 17, comparecerán también como imputados el director general de negocios de la compañía, Francisco Martínez Córcoles, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo; el martes acudirá también el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker.

El pasado junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, imputó a todos en esta causa, que data de finales de 2019, después de que se publicara que la multinacional española habría contratado a Villarejo para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.

En aquel auto, el magistrado apreciaba indicios de que hubo «voluntad» por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, como mostraría que las facturas fueron emitidas por otra sociedad diferente.

En total, advertía el juez, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por la empresa del excomisario Villarejo, por un importe de 1.047.324 euros. Entre los servicios solicitados se encuentra el llamado «proyecto Posy», centrado en investigar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, «a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola».

De hecho, entre la documentación intervenida se encontraban los datos del censo de Pérez y de su familia; para entonces, año 2009, Sánchez Galán «ocupaba ya el cargo de presidente».

Otro de los proyectos encargados a través del entonces jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, fue el denominado «Black Board» o «B-B», desarrollado en 2004 y 2005 y que, según el informe de Cenyt, «tenía por objeto conocer información de naturaleza sensible» acerca del entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro.

En aquellos años, Sánchez Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado de la compañía, en tanto que Becker, histórico del grupo, era director de recursos humanos y servicios, y Martínez Córcoles, director de generación.

Junto a los altos directivos de esa época, el juez también imputó a Iberdrola Renovables como persona jurídica, al detectar un posible delito de cohecho en la presunta contratación de Villarejo para llevar a cabo una investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea.

La filial de la eléctrica se había aliado con ella para acometer una serie de proyectos en Rumanía; sin embargo, en este proceso surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la compañía española en un procedimiento arbitral.