El Consejo de Ministros aprueba finalmente la ley de vivienda

La norma se aprobó en primera lectura a finales de octubre y la previsión inicial del gobierno español era que llegara a la cámara baja antes que acabara el 2021. El retraso en la aprobación del informe del CGPJ -que tumbó el primer borrador redactado por un vocal propuesto por el PSOE-, ha hecho que no se haya cumplido. Sánchez ha defendido la competencia del estado español para regular el derecho a la vivienda y ha asegurado que la norma «respeta plenamente» las competencies autonómicas.

La ley de vivienda acumula retrasos, ya que tardó un año en concretarse por el bloqueo que generaba el desacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la regulación de precios de los arrendamientos. Las entidades por el derecho a la vivienda han considerado el texto insuficiente y ya avisaron de que impulsarán enmiendas a través de los socios de la investidura, después de que el PSOE tumbara la admisión a trámite de la ley alternativa de los colectivos.

Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios que tengan «responsabilidad» para conseguir sacar adelante esta norma. La titular de Transportes también ha esperado que la derecha se acabe sumando.

Contenido de la norma

El texto -menos ambicioso que la norma catalana- deja en manos de las autonomías la posibilidad de pedir que se declaren zonas tensionadas en sus territorios por un periodo máximo de tres años. En estas zonas los grandes tenedores, es decir, propietarios con más de diez viviendas, tendrán que rebajar los alquileres en función de un índice que el gobierno español tendrá que elaborar en los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de la norma.

En paralelo, los pequeños tenedores tendrán que congelar precios y tendrán beneficios fiscales si los reducen. El texto plantea una reducción de hasta el 90% del IRPF si el arrendador rebaja un 5% el alquiler -inicialmente se había difundido que el acuerdo entre socios era para rebajas del 10% del alquiler- y deducciones del 70% si la vivienda se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años. Los arrendatarios también podrán pedir una prórroga de contrato en las mismas condiciones.

En los nuevos contratos, también se tendrá que mantener el precio, pero se establecen excepciones. Si el propietario ha hecho reformas sustanciales u ofrece un contrato para un periodo de al menos diez años podrá aumentar el alquiler hasta un 10%. Las zonas tensionadas serán aquellas en que el coste de la hipoteca o alquiler sumado a los gastos de suministros supere el 30% de los ingresos medios de los hogares o en que los precios hayan aumentado al menos un 5% en los últimos cinco años.

Aparte, la ley incluye una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida y define un impuesto para las viviendas vacías a través de un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que podrá llegar hasta el 150% y que podrán aplicar los ayuntamientos.

Informe del CGPJ

La mayoría del CGPJ -15 vocales contra 6- aprobó jueves pasado un informe crítico con el texto, en el que reprochaba al ejecutivo español que pretenda hacer uso extensivo de las atribuciones del Estado vulnerando las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

El informe redactado por un vocal propuesto por el PNV y uno propuesto por el PP también pone en duda la constitucionalidad de la regulación de los alquileres y acusa al gobierno español de pretender «cargar» a los propietarios con el coste de la limitación de los contactos y de la protección de las familias vulnerables ante los desahucios.

El ejecutivo español ya había adelantado que sacaría adelante la norma a pesar de las críticas del CGPJ y había recordado que el informe no es vinculante. La titular de Transportes ha insistido en este punto en rueda de prensa. El gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido que la norma tiene garantías jurídicas.