El gobierno español obligará a los hospitales públicos a tener profesionales que practiquen abortos

La reforma de la ley del aborto que diseña Igualdad obliga a los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia a contar con profesionales que practiquen abortos, elimina la obligación del periodo de reflexión de tres días y acaba con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años.

Lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso, en la que ha indicado que será la mujer quien decida el método de interrupción del embarazo; en el centro de salud le darán toda la información necesaria y la derivarán al hospital por procedimiento de urgencia.

La reforma elimina el consentimiento paterno que introdujo el Gobierno del PP para las menores de 16 y 17 años: «Del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», ha incidido Montero.

Igualdad apuesta también por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto; prevenir y erradicar «la violencia ginecobstétrica e impulsar las buenas prácticas que muchos hospitales»ya desarrollan; garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos.

«Es responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra», ha manifestado la ministra.

En su discurso ha reiterado los obstáculos que padecen muchas mujeres y que les impiden ejercer su derecho a abortar, como «la presión y las críticas» que sufren o el tener que desplazarse cientos de kilómetros porque «no existen recursos públicos en sus provincias para hacerlo».

El 87,25 % de las interrupciones voluntarias del embarazo de 2020 se realizaron en entornos extra hospitalarios, de los que el 78,04 % fueron en centros privados. «Existe un problema de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial», ha dicho.

Ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia han practicado abortos en centros públicos durante 2020 y en doce provincias no se ha notificado ni uno en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados, de acuerdo con los datos el Ministerio de Sanidad.

Tras recordar que hay hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia «y comunidades que aluden a ello para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública», Montero ha subrayado su propósito de «blindar» el derecho al aborto en los centros públicos.

Ha reconocido que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que el Ejecutivo respetará «escrupulosamente», pero ha insistido en que «no puede suponer una barrera» en los derechos de las mujeres.

Y ha avanzado que se tomará como referencia la ley de la eutanasia, una norma que apostó por crear un registro de profesionales objetores de conciencia.

Así, todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia «deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo».

Según Montero, solo se entregará a las mujeres «el sobre» que se les da en la actualidad donde se les pide que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres, si éstas lo solicitan.

Con la legislación actual «obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas. ¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger el derecho a la salud?», se ha preguntado.

La norma también habilitará una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, donde le informará a las mujeres del procedimiento para abortar.

Montero ha incidido también en la necesidad de rebajar el IVA del 10 % que soportan los productos de salud menstrual, higiene femenina y los pañales para los niños y otros productos esenciales, para que «sean accesibles siempre y para todas las mujeres».

La titular de Igualdad, que ha reivindicado una política feminista, ha cargado contra el «bloque reaccionario» y ha asegurado que la calidad democrática de un país se mide también en función de su capacidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.