Judicial
La fiscalía archiva las investigaciones contra el rey emérito por supuesto fraude fiscal
El ministerio público considera prescritos muchos delitos y dice que el monarca estaba protegido por la inviolabilidad
rey emérito Juan Carlos I
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado dos investigaciones que tenía abiertas contra el rey emérito, Juan Carlos I, por el cobro de 100 millones de dólares como supuesta comisión por la adjudicación en empresas españolas del tren de alta velocidad a la Meca y por el pago de gastos familiares por parte de un empresario mexicano. El ministerio público admite que el ex jefe del Estado defraudó a Hacienda, pero los delitos estarían prescritos y además era inviolable según establece la Constitución. La Fiscalía General del Estado ha informado de la archivación con un comunicado publicado este miércoles por la tarde.
Las segundas diligencias de investigación se abrieron en noviembre del 2020 a raíz de a la recepción de un informe de inteligencia financiera emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en que se informaba de unas transferencias ordenadas entre los años 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause, residente en el Reino Unido, a favor de una cuenta titularidad de Nicolás Murga Mendoza, coronel del ejército español, que en el pasado fue ayudante del rey emérito. Buena parte de las cantidades recibidas fueron aplicadas a satisfacer gastos de familiares del emérito o de personas vinculadas.
Practicadas las diligencias de investigación correspondientes, entre las cuales las comisiones rogatorias remitidas en la Fiscalía de Ginebra, y obtenido el auxilio requerido en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), se han alcanzado varias conclusiones.
En relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña Lucum en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, cuyo titular real fue Juan Carlos de Borbón, se han identificado cuotas defraudadas en la hacienda pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros anuales que el código penal establece como umbral del delito. La posible responsabilidad penal de los ejercicios del 2008 en el 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. No así la correspondiente al ejercicio de 2012 que, no obstante, tampoco sería susceptible de reproche penal ya que en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014 Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución española reconoce al cabo del Estado, tal como se analiza detalladamente en el decreto de archivamiento y conforme a la interpretación que del alcance de la inviolabilidad hace desde el pasado la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Sala Segunda del alto tribunal.
La investigación no ha podido establecer, ni siquiera de manera indiciaria, ninguna vinculación entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que esta cantidad guarde relación con el pago de ninguna comisión. Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de cabeza del Estado que Juan Carlos de Borbón ejercía en el 2008 y, por lo tanto, susceptible de constituir un delito de soborno. Este posible delito, sin embargo, estaría claramente prescrito.
En el decreto se analiza también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales en relación con las operaciones financieras y societarias llevadas a cabo entre los años 2008 y 2012 por orden del entonces rey de España después de la recepción de los 64.884.405 euros en la cuenta de Lucum, partiendo de la posible naturaleza delictiva de la aceptación de la referida cantidad por el emérito.