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El TSJC desestima la querella contra Vergés por las vacunas a los policías estatales

El tribunal no ve ningún indicio contra la exconsellera al margen de su posición predominante en Salut

La consellera de Salut, Alba Vergés.

consellera de Salut, Alba VergésACN

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la querella contra la exconsellera de Salut y actual vicepresidenta del Parlamentt, Alba Vergés, por no vacunar de la covid antes los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña. No obstante, deja la puerta abierta al hecho de que un juzgado ordinario de Barcelona siga investigando el caso contra el exdirector del CatSalut, Adrià Comella, u otros altos cargos no aforados. La fiscalía y sindicatos policiales los acusaban de los delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos fundamentales para no autorizar su vacunación mientras ya lo hacían a los mossos d'esquadra y los policías locales entre febrero y abril del 2021.

En su auto, la sala de lo civil y penal dice que «más allá de su posición prevalente en la estructura jerárquica del Departament de Salut, no se ha descrito ninguna actuación u omisión que sea directamente imputablea» a Vergés en el proceso de vacunación de los agentes estatales entre febrero y abril del 2021.

El ministerio público considera que entre finales de febrero y finales de abril del 2021 la Generalitat priorizó la vacunación de mossos d'esquadra y policías locales por delante de los agentes de cuerpos estatales destinados en Cataluña. De hecho, el diciembre pasado la sala contenciosa-administrativa del TSJC ya dictaminó que la Generalitat había discriminado a los cuerpos estatales.

Según la fiscalía, la inactividad o retraso del Departament de Salut respecto de la vacunación de los cuerpos estatales supuso una diferencia de trato «injustificada y discriminatoria», y no se pudo llevar a cabo «sin el consentimiento, conocimiento y aquiescencia» de los dos querellados. Pero la responsabilidad también se puede extender, según la fiscalía, al entonces secretario de Salut Pública y actual conseller de Salut, Josep Maria Argimon, o al director de servicios del CatSalut, Xavier Rodríguez, entre otros.

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