El Parlament aprueba blindar las tasas universitarias y equiparar grados y másters

El Parlament ha aprobado blindar por ley la rebaja de las matrículas universitarias, dando luz verde a la ILP de universidades. El texto fija, a través de una disposición transitoria, que se tienen que reducir los precios públicos de manera «progresiva» durante los tres ejercicios económicos siguientes a la aprobación de la ley, hasta alcanzar un único precio en los estudios de grado «igual o inferior» al precio más bajo de los fijados en el decreto de los precios universitarios para el curso 2021-2022. Eso serían en torno a unos 17 euros por crédito. Añade que tiene que haber un precio único en los estudios de máster igual o inferior al 70% del precio fijado por el mismo decreto. ERC, Junts, VOX, CUP y PPC han votado a favor y PSC, los comunes y Cs se han abstenido.

En el 2020 el Gobierno estableció una rebaja de los precios públicos universitarios del 30%, ahora esta rebaja ha quedado blindada por ley. Además, se incorpora la equiparación de los precios en la parte baja o baja para todos los grados. El decreto actual marca un precio de unos 17 euros por crédito en los grados con coeficiente A, unos 25 en los B y de unos 27 en los C. Según el texto aprobado este miércoles, en tres años todos los grados tienen que tener un precio por crédito igual o inferior a estos 17 euros.

La voluntad de la ILP era determinar un marco catalán dentro del sistema de precios fijados por el Estado con el objetivo de velar por el acceso universal a la enseñanza universitaria. En concreto, establece la modificación de la ley de universidades vigente en este sentido desde el 2003. El texto concreta que el Gobierno tiene que impulsar políticas de igualdad por medio de la oferta de becas, ayudas y créditos a los estudiantes. También con el desarrollo de una política destinada a salvar las barreras sociales, económicas y geográficas, con medidas que hagan más asequibles los precios de residencia, comedor y transporte.

Así, fija que los precios de los servicios académicos universitarios tienen que seguir un modelo de tarifación social, con reducciones en los tramos de renta más bajos que sean superiores en los umbrales de las becas de régimen general.

El texto aprobado marca también que las reducciones anuales que se hagan tienen que ir acompañadas de los recursos suficientes para asumir esta medida sin perjudicar la estabilidad presupuestaria ni la prestación del servicio por parte de las universidades.

Un primer paso, según los estudiantes

La aprobación de la ILP ha llegado al Parlament después de que se pusiera en marcha en el 2019 y en el 2020 se certificaran más de 62.000 firmas. La portavoz de la comisión promotora, Anna Rosselló, ha criticado la «falta de voluntad política» durante años y la «represión política y policial» que ha sufrido el movimiento educativo en defensa de la universidad pública. Con todo, ha considerado que la aprobación de la ILP es la culminación de una demanda histórica y la consumación de un consenso social que permite avanzar en el derecho a la educación superior. Roselló ha apuntado que este es un primer paso en beneficio de la equidad pero ha recordado que hay que ir más allá, eliminando el «castigo» para segundas y sucesivas matrículas. Eso último lo proponía la CUP a través de dos enmiendas, que no han salido adelante.

El articulado y el resto de disposiciones han recibido los votos a favor de todos los diputados, a excepción de los del PPC.