Òmnium presenta la primera querella por el 'Catalangate'

Òmnium Cultural ya ha presentado la primera de las querellas por el caso de espionaje Catalangate. Lo ha hecho en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que ya investiga el espionaje con Pegasus al conseller y expresidente del Parlament Roger Torrent así como el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. Con esta querella en representación del exvicepresidente de la organización y portavoz Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera de Jordi Cuixart, la entidad pretende demostrar la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados.

«El Catalangate, el espionaje ilegal y la vulneración de derechos fundamentales que supone son una muestra más de la guerra sucia del Estado contra el independentismo y la disidencia», ha asegurado el presidente de Òmnium, Xavier Antich. «Volvemos a ver que el Estado no tiene ningún límite a la hora de detener la lucha por la autodeterminación», ha añadido. Según el presidente, «atacar a Òmnium quiere decir atacar a la sociedad civil» y considera que la aceptación de estas prácticas por parte de la justicia puede suponer un precedente para toda la sociedad europea.

La querella, que se dirige nominalmente contra la empresa israelí NSO Group, propietaria y responsable del software de ciberespionaje de teléfonos denominado Pegasus, pone de relieve la vulneración masiva y grave de derechos fundamentales, como el derecho al secreto de comunicaciones y a la intimidad, y que tiene como efecto también la vulneración indirecta de otros derechos como la libertad de expresión o el derecho a la defensa, que son consecuencia de las circunstancias en que se ha producido el ataque, perpetrado por supuestas prácticas ilegales del Estado español. Ahora bien, el abogado Benet Salellas afirma: «Sabemos a ciencia cierta que hay agencias gubernamentales españolas que han sido las que han adquirido y utilizado este programa de ciberespionaje y nosotros estamos aquí para acusar a estos poderes del Estado». Es por este motivo, que el objeto principal de la querella se centra en tres aspectos fundamentales, que se traducen en acciones concretas. Estas pasan por: facilitar e investigar toda la documentación vinculada al Catalangate, para que sean de conocimiento de toda la opinión pública; una Orden Europea de Investigación para aclarar el origen de la financiación y determinar las responsabilidades penales de la compra y el uso ilegal de Pegasus; y el establecimiento de mecanismos de control para que los ciudadanos puedan saber si se les han intervenido las comunicaciones teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aplicada ya en Bulgaria, Hungría o Rusia, unos mecanismos que la legislación española no prevé de forma clara.

Probar las responsabilidades del Estado

Uno de los elementos principales de la querella criminal presentada por Òmnium es remitir una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades luxemburguesas para investigar la financiación para saber quién ha pagado y cuánto ha costado la compra y el uso ilegal de Pegasus. Concretamente, se pide que se extraigan los movimientos realizados en las cuentas bancarias de NSO Group en el periodo 2016-2022 y se puedan identificar los posibles pagadores españoles.

Tal como aseguró el responsable empresarial de NSO Group, Shalev Hulio, en su declaración en el marco del procedimiento judicial instado por la compañía Whatsapp en un juzgado de California, la contratación delspyware Pegasus es exclusiva para organismos gubernamentales y su comercialización exige el cumplimiento de condiciones como son el desarrollo dentro de la legalidad y la restricción de su uso para la persecución del terrorismo. Así, el contrato para el uso de Pegasus exigiría un expediente de control previo por parte de NSO Group para determinar que el uso del software no será ni utilizado fuera de la ley ni para cometer violaciones de los derechos humanos. Según las pruebas aportadas en la querella, esta evaluación o no existió o se hizo de manera fraudulenta, indicios suficientes para que la empresa sea investigada.

Al mismo tiempo, la querella pide la práctica de diligencias de investigación con la finalidad de demostrar el nivel de responsabilidad de las agencias gubernamentales españolas, tanto de las dependientes del Ministerio de Defensa como las del Ministerio del Interior, y cualquier otra persona física o jurídica corresponsable. Por lo tanto, a partir de la querella en NSO Group, Òmnium tiene como objetivo conseguir nuevas y varias imputaciones que afecten a más de un estamento de los poderes del Estado con el fin de acusar a aquellos organismos que hayan sido responsables o colaboradores del ciberespionaje.

Jordi Cuixart como objetivo

Òmnium Cultural denuncia también que «no hay duda» que las fechas concretas y las personas que han sido espiadas ilegalmente demuestran que ha habido una planificación organizada, con Jordi Cuixart y su estrategia de defensa como objetivo.

Las pruebas aportadas demuestran que la actividad de la entidad y las personas que forman parte fueron espiadas en momentos clave como la semana previa a la entrada de la Guardia Civil en la sede de la entidad, en marzo de 2018; el día antes del juicio en el Tribunal Supremo, en febrero de 2019; durante el proceso judicial en el Tribunal Supremo, o días antes que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria instara a España a liberar a los presos políticos, en abril de 2019, entre otros. Estos son algunos de los ejemplos del seguimiento que recibió el exvicepresidente y entonces presidente en funciones, Marcel Mauri. Con el espionaje a la jurista Elena Jiménez, representante internacional de la organización, el Estado accedía a todos los detalles de la estrategia de defensa internacional de Òmnium y vulneraba el derecho de defensa de Cuixart. También la periodista Txell Bonet, pareja de Jordi Cuixart, fue infectada con éxito con el software espía durante el periodo abril-junio de 2019, coincidiendo con la finalización del juicio contra los políticos catalanes. Durante el mes de la infección, Jordi Cuixart estuvo preparando sus últimos argumentos para el juicio, aprovechando esta ocasión para acusar a las autoridades españolas de no respetar los derechos humanos y la represión política, consideraciones que fueron compartidas con Bonet.

«Pegasus se ha utilizado para investigar el entorno de Cuixart con el único objetivo de saber qué piensa, qué dice y qué propone. Y eso en el contexto de la preparación de un juicio en que quien espía es al mismo tiempo la acusación en el proceso, supone hacer saltar por los aires el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo», ha concluido Salellas.