Torra y Costa demandarán en Sánchez por haber sido espiados con Pegasus

El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa han anunciado que han iniciado el proceso para demandar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por haber sido espiados con Pegasus. Consideran queel jefe del ejecutivo español es el «máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia». Según el análisis de sus teléfonos móviles institucionales, el expresidente de la Generalitat sufrió 8 infecciones con Pegasus y el exvicepresidente del Parlament sufrió 4 durante el 2019.

También han presentado un requerimiento contra el gobierno español y su presidente exigiendo el «cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas del espionaje ilegal».

En un comunicado, Torra y Costa han explicado que tienen previsto presentar en diez días una demanda «de protección de los derechos fundamentales» contra el presidente Sánchez y su gobierno en el Tribunal Supremo. Y también tienen la intención de llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo cuando se haya inadmitido o resuelto el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional.

La demanda argumenta que el uso de Pegasus supone «una total suspensión de sus derechos a la intimidad o privacidad de la vida personal y familiar, al secreto de las comunicaciones y la protección de datos, así como una interferencia absolutamente desproporcionada y sin base legal en los demás derechos afectados».

El requerimiento formulado contra el gobierno español y su presidente se basa en el arte. 30 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, «que prevé demandar a la administración por actividades ilegales ejecutadas por la vía de hecho». En concreto la vía de hecho denunciada en este caso consiste en la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y/o almacenamiento de la información y comunicaciones de los dispositivos móviles espiados.

Según concreta el comunicado, se aportará como prueba principal el informe de Citizen Lab, que detalla las intervenciones de los teléfonos de Torra y Costa. Y argumentan que «la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia no depende de qué órgano, agencia, departamento o servicio ha ejecutado la operación de espionaje ilegal». Así pues, la demanda se dirige contra el gobierno español puesto que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Asimismo, se hace especial referencia a que el CNI actúa según las directrices del gobierno español y da cuenta de todas sus actividades al presidente y al ejecutivo facilitándoles «informaciones, análisis, estudios o propuestas».