El TSJC da 15 días a la Generalitat para aplicar el 25% de castellano en las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que ejecute de manera inmediata la sentencia que obliga a hacer un 25% de horas en castellano en todas las escuelas de Cataluña.

En un auto, el tribunal requiere al consejero de Educación, Josep González-Cambray, que en 15 días como mucho «dicte las instrucciones y establezca las garantías de control que ocurran» para hacer que al menos una asignatura troncal se haga en castellano, aparte de la asignatura de lengua catalana. Además, requiere también a la Alta Inspección educativa que verifique el cumplimiento de las medidas e informe al tribunal.

En la interlocutoria, el tribunal especifica que «el cuerpo de la sentencia reconoce la libertad de la Generalitat para determinar con libertad de apreciación los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales. Aquello determinando en la sentencia no es el medio sino el resultado. Lo que se condena es una inactividad en el dictado de normas, instrucciones o actas de aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas a la enseñanza, o el ejercicio de la potestad de control».

La sentencia mantiene una pauta de respecto de la libertad de la Generalitat, de respeto no solo en cuanto a la forma de ordenar el uso vehicular de las lenguas oficiales, sino también el contenido de esta ordenación. La sentencia se limita a determinar el mínimo constitucionalmente exigible en este ámbito, asegura la interlocutoria. En conclusión, «la elección del medio para garantizar el resultado establecido en la sentencia es facultad de la Generalitat, pero lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional», dice el tribunal.

El tribunal acepta parcialmente la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia hecha por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Por otro lado, el tribunal no ha admitido a trámite la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia del 2020 y confirmada por el Tribunal Supremo en diciembre pasado formulada por varios diputados del Parlamento y Vox. El TSJC no los considera legitimados para pedir la ejecución forzosa.

La sentencia incluye un voto particular concurrente con el fondo, pero que discrepa en el hecho de admitir a cualquier alumno como parte legitimada para pedir la ejecución forzosa de la sentencia. Según la magistrada, la sentencia no afecta a una escuela en concreto, sino a todo el sistema educativo y, por lo tanto, no se puede aceptar como parte personada cada alumno individualmente.