Militar español rehabilitaba armas en desuso de otros países para colocarlas en el mercado negro

La Fiscalía solicita ocho años para un militar del Ejército de Tierra acusado de comprar en Estados Unidos y otros países un elevado número de armas inutilizadas, cañones y munición para proceder a su rehabilitación y destinarlas al tráfico ilícito.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado J. M. S. Q., un brigada del Ejército de Tierra, incurrió en los delitos de tráfico de armas de guerra, fabricación ilícita de armas de guerra y depósito de armas y municiones de guerra, por los que solicita ocho años de cárcel y once de privación del derecho a tener armas.

Llegó a invertir en la compra de piezas fundamentales unos 100.000 euros.

Relata la acusación que «contraviniendo la legislación vigente», este militar se dedicó a adquirir tanto a particulares como a armerías de Estados Unidos, Bélgica, Austria y Alemania un «elevado» número de municiones, armas inutilizadas, cañones «y otras piezas fundamentales» para «proceder a la rehabilitación, ensamblaje y fabricación ilícita de las armas de fuego completas a base de sus diferentes piezas y destinarlas al tráfico ilícito».

Así, entre los meses de junio de 2011 y noviembre de 2012, el acusado compró a través de una web de una armería estadounidense, por un importe de 22.700 dólares, «piezas fundamentales» para rehabilitar armas de fuego, principalmente fusiles de asalto y pistolas Glock.

Dado que la venta de este tipo de piezas en Estados Unidos es libre para sus nacionales con residencia en el país, «y como no podían ser remitidas directamente», J. M. S. Q. contó con la colaboración de un ciudadano estadounidense que se encargaba de la recepción de las piezas en su domicilio para posteriormente enviárselas a través de paquetería «y fuera de los cauces legalmente establecidos».

En el registro de su domicilio el 12 de diciembre de 2012 se hallaron 15.743 cartuchos, dos granadas y abundante material para la rehabilitación de fusiles o pistolas.

Tras el análisis de la documentación intervenida se concluyó que el acusado poseía ocho agendas en las que señalaba la identidad de los clientes y las piezas fundamentales que les había suministrado u ofertado, detallando las cantidades de dinero que debían desembolsar para adquirir las piezas, detalla la Fiscalía.

El acusado no regentaba ningún establecimiento legalmente autorizado para la compraventa o reparación de armas de fuego y sus piezas, y carecía de la correspondiente condición de «Armero», exigida por el artículo 10 del Reglamento de Armas, para poder fabricar, reparar o comerciar legalmente con armas de fuego y sus piezas fundamentales.

En su domicilio se localizaron también 4.000€ (en billetes de 50) y 2.800 dólares.