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La policía pilla 166 bares en toda España que emitían fútbol ilegalmente

Los dueños de los locales están investigados por delito contra la propiedad intelectual para 'piratear' la señal de TV

Imatge dels descodificadors i comandaments a distància de TV decomissats per la Policia Nacional en bars.

La policía pilla 166 bares en toda España que emitían fútbol ilegalmentePolicia Nacional

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La Policía Nacional ha inspeccionado de forma coordinada 166 bares a toda España en un operativo contra la distribución ilícita de la señal de televisión de partidos de fútbol. Hay 166 investigados como presuntos responsable de un delito contra la propiedad intelectual y se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido ilegalmente supera el millón de euros. La investigación se inició en enero del 2022 a raíz de la denuncia interpuesta por La Liga contra establecimientos de hostelería de diferentes provincias españolas que estarían distribuyendo ilícitamente la señal de partidos de fútbol de equipos españoles, sin la autorización de los propietarios de este contenido.

En el transcurso de la investigación, los agentes llevaron a cabo las comprobaciones oportunas de los establecimientos comerciales que emitían partidos de fútbol de las competiciones LaLiga Santander y UEFA Champions League. Después de varias indagaciones se confirmó que 166 establecimientos de diferentes ciudades españolas, entre las cuales Barcelona, Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas y Bilbao, estaban implicados en la emisión fraudulenta de los partidos de fútbol. Con esta información se puso en marcha uno macro operativo para hacer de manera coordinada la inspección de todos los establecimientos comerciales investigados durante el transcurso de una de las jornadas de la competición de fútbol de LaLiga Santander. Como resultado de lo mismo se desarticuló toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban.

A los titulares de los establecimientos comerciales investigados se les atribuye un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta, ya que a través de descodificadores o microcontroladores accedían de manera ilícita a contenido protegido emitido por canales codificados. Con eso obtenían un beneficio económico fraudulento, ya que ofrecían la posibilidad de ver acontecimientos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados que los hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían. Se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido audiovisual distribuido ilegalmente es de 1.066.386 euros.

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