Sánchez anuncia una reforma de las leyes de secretos y del CNI a raíz del 'Catalangate'

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves tres actuaciones de su ejecutivo en respuesta a las demandas de sus socios por el escándalo del Catalangate. Se trata, en primer lugar, de la redacción de una nueva Ley de secretos oficiales que llegará al Congreso durante el próximo periodo de sesiones –a partir de septiembre- y que sustituirá la de 1968, vigente hasta ahora. También una nueva Ley del CNI para superar la del 2002 que aumentará los controles judiciales e internos de los servicios secretos en la línea de lo que pide el PNV, y en tercer lugar la desclasificación de la documentación sobre el espionaje a líderes independentistas, pero no de mutuo propio, sino únicamente si lo pide la Audiencia Nacional.

Sánchez ha hecho estos anuncios durante su comparecencia en el Congreso a petición de ERC, Junts y Bildu para rendir cuentas sobre el conocimiento y las medidas que piensa adoptar en respuesta al caso de espionaje a líderes y activistas independentistas descubierto porCitizen Lab .

Hasta ahora, fruto de este escándalo, el ejecutivo se limitó a ofrecer una comparecencia de la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales, a redactar un informe por parte del Defensor del Pueblo y –fruto del descubrimiento de las escuchas a los miembros del gobierno con el sistema Pegasus- destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban.

Asegura que no conocía el espionaje

Sánchez ha querido justificar que su gobierno situara el independentismo a la Directiva de Seguridad, recordando que entre 2015 y 2017, con la DUI, y los «sabotajes» y protestas del 2019 «la crisis fue fuerte y provocó una enorme preocupación sobre la seguridad nacional», pero ha asegurado que el gobierno «no conocía las decisiones operativas de los servicios de inteligencia», es decir, el espionaje a Pere Aragonès y los líderes independentistas.

Reivindica el «diálogo»

En todo caso ha reivindicado los éxitos de la vía del diálogo. Una estrategia que –ha asegurado- piensa mantener «porque creemos que el reencuentro entre todos los catalanes es necesario». Ha recordado que su ejecutivo ha puesto en marcha la mesa de diálogo y ha prometido que trabajará tanto como haga falta para «cerrar de una vez por todas el enfrentamiento entre catalanes» y la pugna «entre las instituciones catalanas» y las del Estado.

«Mi apuesta personal, absoluta y rotunda es reanudar el diálogo con las instituciones catalanas», ha dicho antes de reconocer «la valentía y el coraje por los que hemos apostado por el diálogo y el reencuentro ante los que quieren romperlo a pesar de volver al 2017».

Pone en duda Citizen Lab

El presidente español ha afirmado que a pesar de los contactos de líderes independentistas con Rusia y las «dudas razonables» sobre el informe de Citizen Lab , su gobierno ha actuado «con empatía» y «transparencia» ante el caso de espionaje. Ha justificado el cese de la directora del CNI por «el error de seguridad» que implica el espionaje en los móviles del gobierno español, y ha reivindicado la «transparencia» con la que ha actuado su gobierno a la hora de poner el caso a disposición de la justicia y comunicarlo a los ciudadanos.

Desclasificará documentos si lo pide la Justicia

Sánchez ha prometido que su gobierno desclasificará «con la mayor celeridad» posible documentos secretos sobre el espionaje a los líderes independentistas si así lo pide la Justicia. Según Sánchez, atenderá «cualquier petición de información por parte de los jueces para ayudar a los afectados que han sido víctimas de la vulneración de los derechos fundamentales». Con todo, ha recordado que el informe de Citien Lab es un trabajo «académico» y no «hechos probados».

Justifica el espionaje «legal» del CNI a 18 personas

En todo caso ha recordado que el CNI tenía autorización judicial para espiar a las 18 personas de forma legal, para «prevenir, detectar y posibilitar la detección de actividades que amenacen o atenten el orden institucional, los intereses de los españoles y la orden constitucional». «El gobierno cumplió con la tarea de preservar la orden constitucional de acuerdo con la ley».

Según Sánchez, si ha habido otros espionajes, los han llevado a cabo «actores desconocidos», y no los servicios secretos españoles. Su gobierno, ha dicho, no ha tolerado ni tolerará» ningún «abuso» a los derechos de las personas.

Modificación de la Ley de secretos oficiales

El presidente del gobierno español también ha anunciado una iniciativa para modificar la Ley de secretos oficiales durante el próximo periodo de sesiones. «Sustituirá la vigente de 1968», ha dicho, porque «hace falta que la norma se adapte a los principios democráticos y a los estándares internacionales».

La modificación de la Ley de secretos oficiales tiene como objetivo recortar los plazos para la desclasificación de documentos. Va en la línea de la petición que el PNV ya registró en el 2020 y que hasta ahora el ejecutivo español se había resistido a contemplar. Permitirá que los documentos secretos queden desclasificados a los 25 años, mientras que los documentos con carácter de reservados podrán consultarse a partir de 10 años.

Reforma de la Ley del CNI

El presidente español ha recordado que la Ley del CNI del 2002 ajusta la actuación de los servicios secretos a la Constitución. «Tenemos un sistema perfectamente homologable» e incluso más garantista que la de otros países de la UE, ha dicho, dónde «no existe la autorización judicial previa».

En todo caso, según Sánchez, hacen falta, ha dicho «avances normativos» para «reforzar» el «papel de los servicios de inteligencia» y los «derechos de los ciudadanos» y «adaptar la situación del CNI» a la «situación política actual».

Se trata, ha dicho, de lindar «con garantías» los cambios tecnológicos, y por eso hace falta «reforzar las garantías de control y asegurar el máximo con respecto a los derechos individuales de las personas». Tendrá en cuenta, ha dicho, las recomendaciones del Parlamento Europeo.

Además, Sánchez ha afirmado que actualizará la estrategia de seguridad para reforzar la defensa ante los ciberataques hostiles e incrementar la colaboración entre el Centro Criptològic Nacional y el CNI.

La reforma de la Ley del CNI va en la línea de la proposición de Ley que el PNV presentó el 17 de mayo que planteaba que los servicios secretos tengan que actuar con un control reforzado. Hasta ahora para hacer escuchas sólo requieren la autorización de un juez del Supremo, que desde el 2014 es el magistrado Pablo Lucas.

Los nacionalistas vascos proponen que a partir de ahora sean tres jueces y que cualquier autorización requiera unanimidad. También reclaman un segundo control judicial en caso de que los servicios secretos pidan una prórroga de las escuchas.

El presidente del gobierno español ha abierto la puerta una vez más a reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aunque la cita lleva semanas sin concretarse, supuestamente por incompatibilidades en la agenda de Sánchez.

uncia la «corrupción democrática» del PP

El presidente español ha abierto su comparecencia contraponiendo la actuación de su gobierno a la del ejecutivo del PP, de quien ha recordado la trama Kitchen i Gürtel, la operación Cataluña y otras «acciones ilegales y antidemocráticas» que «explican la corrupción democrática» del PP.

Ha puesto como ejemplo los audios de las últimas semanas del comisario Villarejo, con conversaciones que dan «vergüenza ajena» como las que mantiene con el exnúmero dos del PP, Maria Dolores de Cospedal.

«Cómo podemos estar seguros de que estas conductas no se volverán a producir si tienen oportunidad de volver a hacerlo», se ha preguntado, antes de recordar que se fabricaron pruebas ilegales para la imputación de Jordi Pujol.

Según Sánchez, son «casos graves» que han manchado instituciones como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero que «por fortuna no quedan impunes». «El gobierno colabora con transparencia y rigor con la Justicia cuando lo requiere» para que estos actos «no queden impunes».

Ha recordado que la próxima semana se cumplen cuatro años desde la moción de censura para paliar el problema de desigualdad que se había incrementado por las políticas «neoliberales» del PP, el recorte de derechos sociales y una «cascada de escándalos de corrupción» de gobernantes que «con una mano recortaban y con la otra cobraban B».

En este sentido, ha reprochado al PP que no haya aceptado todavía los resultados electorales y califique de «ilegítimo» su gobierno. «Tildar como ilegítimos los apoyos legítimos de representantes de los ciudadanos son ejemplos de cómo la derecha practica esta corrupción democrática» que parte de una «visión patrimonialista de las instituciones y de la misma democracia».

En este sentido, ha recordado que si el nacionalismo catalán o vasco da apoyo a un gobierno de derecha, España funciona, mientras que si lo hace a un gobierno de izquierdas, este gobierno es calificado como un «vendedor de patrias». Por el contrario, según Sánchez, «la España progresista piensa que las instituciones no pertenecen a nadie en exclusiva», y ahora hay un gobierno «incompatible con la corrupción» y comprometido con la «regeneración democrática».

Según Sánchez, su gobierno busca «poner las instituciones a la altura que merece la ciudadanía» y con este gobierno «no hay permiso para crear policías paralelas y se defiende la Constitución, con los métodos que permite la Constitución y sin saltarse la Constitución».

Por eso ha reivindicado la «transparencia», la «colaboración» con la justicia, y el reforzamiento de los servicios sociales que a su entender practica su gobierno. «Hemos puesto todas las administraciones del Estado al servicio de la Justicia», ha dicho.