Educación
El Gobierno asume la responsabilidad «legal» de los proyectos lingüísticos en la escuela y la «inaplicación» de porcentajes
El Consejo Ejecutivo aprueba el decreto que entrará en vigor cuando se publique en el DOGC pero se aplicará el curso que viene
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La Generalitat ha aprobado este lunes el decreto que tiene que blindar el catalán en las aulas. El Departamento de Educació asume la responsabilidad «legal» de los proyectos lingüísticos, además de la «inaplicación» de porcentajes de lengua. El Consejo Ejecutivo se ha reunido hoy de forma extraordinaria para aprobar el decreto ley, que entrará en vigor cuando se publique en el DOGC, pero se aplicará el curso que viene. El texto concreta que los proyectos lingüísticos y las medidas adoptadas y que no se ajusten a los criterios y objetivos básicos que establece el decreto ley «tienen que ser revisados en el plazo más breve posible» durante el curso 2022-2023 a fin de que puedan adaptarse.
El decreto ley aprobado hoy por el Gobierno remarca que el proyecto lingüístico de cada centro se tiene que revisar y modificar», si procede, en función del conocimiento oral y escrito y del uso de las lenguas que el alumnado acredite en las diferentes etapas educativas. La revisión se hará mediante pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en periodos no superiores a los dos años.
El texto también apunta que, sin perjuicio de la autonomía de los centros educativos, el departamento competente en materia de educación tiene que validar en un periodo no superior a los 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente e instar la modificación en caso contrario. «El departamento competente en materia de educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida», subraya.
El decreto ley también constata la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Asimismo, concreta que los proyectos lingüísticos y las medidas singulares que se hayan adoptado y que no se ajusten a los criterios y objetivos básicos que establece el decreto ley «tienen que ser revisados en el plazo más breve posible» durante el curso 2022-2023 a fin de que puedan adaptarse.
Y añade que las determinaciones relativas al envío y validación del proyecto lingüístico de los centros que se establecen en este decreto ley «se tienen que aplicar a partir del inicio del curso 2022-2023».
Blindar la inmersión
El Gobierno espera blindar así la inmersión lingüística en catalán en las escuelas y proteger los y las docentes y los centros ante la sentencia del TSJC que impone un 25% de clases en castellano. El TSJC dio de plazo hasta mañana el martes, 31 de mayo, para que la Generalitat ejecute esta orden en todas las escuelas e institutos del país. Una vez entre en vigor el decreto, sin embargo, hará falta que el Parlament lo convalide.
La norma aprobada para hoy del Gobierno es complementaria a la ley que se está tramitando en el Parlament después del acuerdo entre el PSC-Units, ERC, JxCat y En Comú Podem para fijar la lengua catalana como vehicular en la enseñanza y la castellana como idioma «de uso curricular».
La proposición de ley está parada ya que Vox, Cs y el PPC han pedido que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronuncie sobre su adecuación al Estatuto, lo cual retrasará la aprobación final.