El Parlament aprueba la ley del catalán para responder a la sentencia del 25%

El Parlament ha aprobado la ley del catalán en la escuela para responder a la sentencia del TSJC que fija un 25% en castellano. Lo ha hecho con los votos a favor de ERC, Junts, PSC y ECP, mientras que el resto de grupos parlamentarios han votado en contra y el diputado de Junts Francesc Ten se ha abstenido. La proposición de ley establece que el castellano es «curricular» y se refiere al catalán en la escuela como lengua «vehicular». La aprobación en el pleno del Parlament llega después del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que ha avalado la norma con el argumento que «se amplía el uso del castellano» en la escuela. De hecho, la ley se tenía que aprobar en el anterior pleno de la cámara pero los partidos de la derecha lo detuvieron al recurrir al órgano consultivo.

El proyecto de ley aprobado también establece que el uso de las lenguas se tiene que determinar «exclusivamente con criterios pedagógicos y de forma singularizada» para cada centro educativo. Y, en este sentido, señala que se tiene que decidir de acuerdo con el proyecto lingüístico de cada centro teniendo en cuenta la situación sociolingüística.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido la palabra para defender que la ley «representa un acuerdo de país» que está «abierto» y quiere sumar los que hoy no están en la votación. Y ha reivindicado que el Parlament no dimite de legislar. «Hoy decidimos para que las leyes las apruebe este Parlament y no ninguna otra instancia», ha añadido. Para Aragonès, la ley aprobada sitúa el catalán como «eje vertebrador» de la escuela catalana ante las «amenazas» de los últimos años y ha hecho un agradecimiento explícito al jefe de la oposición y líder del PSC, Salvador Illa.

Por su parte, Illa ha coincidido con Aragonès que el consenso de hoy «tiene que estar abierto» y, en este sentido, se ha comprometido a ampliar el apoyo a otras formaciones. Según ha dicho, la ley aprobada no tendría que ser un punto de llegada sino un «punto de salida». Y también ha querido destacar que, para el PSC, «defender el catalán no es atacar el castellano».

A su vez, Esther Niubó (PSC-Units) ha asegurado que la nueva ley incrementará la presencia del castellano en la escuela. Sobre el decreto del Gobierno, la dirigente socialista ha lamentado que la expresión «uso curricular» del castellano haya «desaparecido» del texto. Asimismo, ha advertido el PPC que la agenda de la extrema derecha -en referencia a Vox- los está «contaminando» cada vez más.

El diputado de Junts Francesc Ten ha subrayado que la ley y el decreto tienen que ser «aval legal» porque ni una familia unilateralmente ni tampoco injerencias judiciales puedan hacer «nada» que no esté «en consonancia» con el proyecto lingüístico de un centro. Ten ha explicado que él se abstiene en la votación como «gesto simbólico» hacia Salvador Ribot, que hace 13 días que está en huelga de hambre. El diputado también ha «extendido la mano» a la CUP para otros acuerdos sobre la lengua.

La diputada de ERC Mònica Palacín ha celebrado que se haya recuperado el consenso «que la lengua, el país y la escuela se merece» y ha reivindicado que el 80% de los diputados aprueban la nueva ley. La diputada ha admitido que el consenso «ha peligrado de forma pública» pero ha puesto el énfasis al haberlo recuperado. Aunque la CUP se ha desmarcado de la ley pactada entre ERC, Junts, PSC y comunes, Palacín ha invitado a los anticapitalistas a sumarse al decreto del Gobierno sobre el catalán en la escuela. «Dejamos a los docentes en paz y protejámoslos para que puedan hacer su trabajo. Hoy el marco aprobamos un marco regulador para que no vuelvan a regular los jueces», ha añadido.

Por su parte, la presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido a los partidos de la derecha que dejen de mentir y dividir. Y en este sentido ha reivindicado que el castellano es «la lengua de todos y todas y no sólo de la extrema derecha y del españolismo».

La diputada de los comunes Jessica González ha defendido que serán los centros los que pondrán en práctica la «flexibilidad» de la inmersión que, según ha dicho, hoy se «blinda» con la aprobación de la ley. También ha negado que con la nueva norma se introduzca el castellano en las aulas en detrimento del catalán. «Lo que estamos haciendo es dar todas las herramientas posibles a los docentes para que adapten los usos lingüísticos a la realidad y protegerlos de los embates constantes», ha insistido. La diputada también ha cargado contra las «mentiras y falsedades» sobre lo que pasa en las aulas. «La comunidad educativa ha dicho basta y nosotros también decimos basta», ha concluido.

El 'no' de la CUP

A su vez, el diputado de la CUP Carles Riera ha preguntado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al conseller de Educació, Josep González-Cambray, si enviarán «instrucciones claras y precisas» firmadas por ellos a las 50 escuelas que ya aplican el 25% de castellano, para que lo dejen de hacer. Según Riera, «curricular es sinónimo de vehicular» y la ley «abre la puerta al uso del castellano más allá del aprendizaje del idioma». «Por eso el CGE dice que lo han hecho muy bien. Hoy abren la puerta al bilingüismo de la escuela catalana», ha lamentado.

La derecha llevará la ley al TC

El portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, ha asegurado que a su grupo no le gusta presentar querellas, pero que lo harán contra quien haya incumplido la sentencia del TSJC por desobediencia. Además, ha recordado que Vox también llevará la ley «tramposa» al TC: «Servimos a la ciudadanía presentando querellas y, si hace falta sentarlos en el banquillo de los acusados y encarcelárlos». Y el presidente de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha señalado que hoy se evidencia un «nuevo capítulo de traición» del PSC hacia el conjunto de los catalanes. Según ha dicho, los socialistas se presentaron a las elecciones como alternativa a los separatistas y el acuerdo por el catalán supone un «insulto» a las clases trabajadoras.

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado socialistas y comunes de pactar con el «separatismo más radical hispanófobo». «Toda la reforma indigna es un monumento a la hipocresía del PSC y En Comú Podem traicionar la Constitución. Y ha hecho una comparación con la actuación de la dictadura de Franco. «Franco hizo un flaco favor al castellano desmenuzando el catalán. Y ahora hacen un flaco favor al catalán imponiéndolo ilegalmente e intentando erradicar el castellano a las instituciones», ha añadido.

Y el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha avisado a los partidos independentistas de que «matarán el catalán de tan quererlo». «Vulnerando derechos o incumpliendo la ley, así no mejorarán el uso social del catalán. En lugar de cohesión, tendrán división. Y en lugar de promoción positiva, tendrán rechazo entre los jóvenes por las imposiciones. En lugar de una lengua para todo el mundo, tendrán una lengua sólo de independentistas y para independentistas», ha asegurado. Asimismo ha lamentado que hoy se dé un paso más hacia el «desastroso camino» de la mano del PSC.

El decreto del Gobierno

Paralelamente, el Gobierno ha aprobado un decreto ley por ara hacer frente a la sentencia del TSJC que se opone abiertamente a fijar porcentajes en la escuela, tal como ha hecho el tribunal. Además, dice que el Departament d'Educació asume la responsabilidad «legal» de los proyectos lingüísticos de los centros. Vox, Cs y PPC también han llevado el decreto al CGE pero, en este caso, está en vigor desde que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Cuando el CGE emita dictamen el pleno del Parlament podrá votar la convalidación. El PSC, que forma parte del acuerdo de la ley, se ha desmarcado del decreto y ya ha anunciado que votará en contra. Así pues, el decreto del Gobierno saldrá adelante gracias a los votos de los comunes.