Hacienda investiga al rey emérito por gastos en cacerías tras abdicar en 2014
Le pide que acredite el origen de los fondos con los que se sufragaron los vuelos y demás gastos de las salidas
rey emérito Juan Carlos I
La Agencia Tributaria investiga al rey emérito Juan Carlos I por las cacerías a las que fue invitado tras su abdicación en 2014 para lo que le ha requerido que justifique quién pagó los vuelos y los gastos derivados de las monterías a las que acudió, según publica El Mundo.
El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de Hacienda ha enviado a Juan Carlos I varias solicitudes de información durante el último año, algunas de ellas recientemente, añade el diario.
Le pide que acredite el origen de los fondos con los que se sufragaron los vuelos y el resto de gastos derivados de las jornadas cinegéticas a las que fue invitado entre 2014 y 2018, es decir, cuando ya no era jefe del Estado y por lo tanto no estaba protegido por la inviolabilidad que llevaba aparejada su cargo.
Hacienda mantiene todavía abierta contra el rey emérito una inspección tributaria por la vía administrativa pese a las regularizaciones voluntarias que llevó a cabo Juan Carlos I para evitar la comisión de delitos fiscales por los viajes sufragados por la Fundación Zagatka y que motivaron el archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Las operaciones que reclama el fisco no fueron regularizadas por Juan Carlos I y la Agencia Tributaria persigue conocer si el rey emérito tuvo un incremento de patrimonio no justificado ante el fisco desde que abdicó como rey.
En el marco de este procedimiento no sólo se exige la justificación de los gastos de las monterías y cacerías, sino también de algunos regalos de menor importe que recibió a título particular, algunos de ellos obsequios simbólicos realizados por empresarios cercanos a Juan Carlos I.
Los asesores jurídicos de Juan Carlos I han ido contestando periódicamente a todos los requerimientos cursados por la Inspección de Hacienda, cuyos importes no aumentan hasta el momento a cuantías que superen en su conjunto el umbral de 120.000 euros anuales a partir del cual está tipificado el delito contra la Hacienda Pública en el Código Penal.