Judicial
La excúpula de iDental afronta peticiones de multas que llegan a los 90 millones de euros
Empieza el juicio a varios exdirectivos para los que se pide hasta seis años de prisión
La Audiencia Nacional juzga desde este martes a varios exdirectivos del Grupo iDental, que deberán responder de un supuesto fraude a la Seguridad Social valorado en 23,6 millones de euros, por el que se enfrentan a seis años de cárcel y a multas que van de los 3,5 millones a los 90,3 millones de euros.
La Fiscalía cree que se produjo «un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social que se empezó a acumular con la gestión de los acusados Antonio García Pellicer y Vicente Castañer Blasco cuando ocupaban los cargos de responsabilidad en las empresas que conforman el Grupo Idental».
Perjuicio que, tras «el relevo de estos y el nombramiento de José Luis González Sánchez como administrador, con la dirección efectiva de los acusados Luis Sans» y los hermanos José María y Juan Garrido «ha llegado hasta la cifra, incluidos intereses, costas y recargo» de 23.620.980 euros.
Por todo ello, el fiscal les acusa de un delito continuado contra la Seguridad Social supuestamente perpetrado entre 2015 y 2018, y pide las máximas penas de 6 años de cárcel para los exdirectivos.
En cuanto a las multas que les reclama, pide 46,1 millones de euros para García Pellicer y Castañer Blasco, y 90,3 millones para Luis Sans y a los hermanos Garrido.
Junto a ellos se sentarán también en el banquillo dos colaboradores, José Luis González Sánchez y Domingo Bejarano, a los que el fiscal considera cooperadores necesarios en el delito, y para los que solicita 3 años de cárcel y multas de 41,9 y 3,2 millones de euros, respectivamente.
En este procedimiento, una pieza separada de la causa en la que se investiga el presunto fraude de las clínicas odontológicas Idental, también es parte acusadora la Seguridad Social que según su escrito de calificación pide las mismas penas de cárcel que la Fiscalía.
La causa distingue dos etapas en el supuesto fraude de iDental, una primera, estando Castañer y García Pellicer al frente de las 55 empresas del grupo, en la que se acumularon 8,5 millones de deuda, y una segunda en que llegó hasta los 16,6 millones.
A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir presuntamente la estafa con el Instituto Odontológico Asociados (IOA) en el que los impagos fueron de 1,7 millones.
A raíz de la supuesta estafa de iDental cerraron sus 24 centros, dejando a decenas de miles de perjudicados, y después se cree que Sans con otros colaboradores, orquestaron otro entramado semejante para repetir la macroestafa con el grupo IOA, con 27 centros en toda España.
Al inicio de la investigación, el entonces juez instructor, José de la Mata, requirió a decenas de entidades financieras que cesaran de reclamar a los afectados la devolución del dinero que abonaron por unos tratamientos que no llegaron a recibir o que quedaron interrumpidos.