La fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs por prevaricación y falsedad

La fiscalía ha pedido seis años de prisión, 21 años de inhabilitación para cargo público y 144.000 euros de multa para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad en documento público con el agravante de prevalecerse de su carácter público. La acusa de haber adjudicar directamente y de forma irregular a un amigo suyo informático 18 contratos menores cuando ella dirigía la Institución de las Lletres Catalanes (ILC) por valor de más de 300.000 euros. En cambio, no la acusa de malversación de fondos públicos porque no ve probado que se pagara un sobreprecio por los trabajos realizados. Al informático le pide la misma pena de prisión y de inhabilitación y la mitad de multa, 72.000 euros.

En un escrito de 13 páginas presentado este jueves en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las fiscales Assumpta Pujol y Teresa Duerto, de la Fiscalía Superior de Cataluña asumen casi completamente la tesis del magistrado instructor. Así, explican que Borràs fue nombrada directora de la ILC en enero del 2013. Aquel marzo la junta de gobierno del órgano aprobó la creación de una web, unificó en un solo espacio todas las actividades organizadas o subvencionadas por la ILC y publicitó las actividades en Facebook y Twitter.

Según la fiscalía, como directora de la ILC, Borràs encargó a su amigo, Isaías H.F., la elaboración de la web y su mantenimiento, y lo presentó al personal de la entidad como el responsable de la página. Isaías H.F. hacía de profesor en el máster y posgrado que dirigía Borràs en la UB y también era miembro del grupo de investigación en estudios literarios y tecnología digital Hermeneia, que también dirigía Borràs.

Entre en marzo del 2013 y en febrero del 2017 la ILC adjudicó, por medio de su directora, 18 contratos menores, inferiores a 18.000 euros más IVA, que en total sumaron 335.700 euros con IVA incluido. «Con el fin de ofrecer una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia, y de ocultar su actuación ilícita, Borràs e Isaías H.F. pactaron que en cada uno de estos expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de proveedores diferentes, dos de los cuales no eran ofertas reales sino presupuestos comparsa elaborados falazmente por los acusados Isaías H.F., Laura Borràs y Andreu P.M., con el propósito de simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador, encubrir que el adjudicatario real de todos ellos era Isaías H.F. y enmascarar el fraccionamiento ilegal de estos contratos.

El tercer acusado, Andreu P.M., según la fiscalía, conocía estas irregularidades y «aceptó elaborar presupuestos y facturas a su nombre como trabajador autónomo o a través de la empresa APMGC&CE, de las cuales era administrador único, y confeccionó falazmente estos documentos siguiendo las indicaciones de Isaías H.F.». Las ofertas presentadas por este empresario, según la fiscalía, eran para hacer de comparsa o para ganar el concurso, aunque finalmente el trabajo y el dinero fueran para Isaías H.F.. Otras ofertas comparsa fueron presentadas en nombre de otras empresas, cooperativas o autónomos, algunas de las cuales elaboradas directamente por Borràs o su amigo sin el consentimiento de los afectados.

La fiscalía detalla los 18 contratos menores sospechosos, con su objeto, los tres presupuestos presentados, con fecha, proveedor e importe, la propuesta ganadora y el importe y fecha del pago al proveedor. Los contratos se agrupan en seis categorías: creación y desarrollo del portal web de la ILC, web dedicada al Año Joan Vinyoli, plataforma virtual Què llegueixes?, web del año literario Ramon Llull, web de los 30 años de la publicación de Pedra de tartera, de Maria Barbal, y creación mantenimiento de la web del año Bertrana.

Al tercer acusado la fiscalía le pide tres de prisión, diez de inhabilitación y 30.000 euros de multa. En ninguno de los tres los acusa de malversación ni fraude administrativo, como apuntaba el TSJC. En cambio, pide el sobreseimiento provisional de la causa para un empleado de la ILC investigado por colaborar en la elaboración de los presupuestos ficticios, pero que culpó a Borràs de todo. El ministerio público dice que no hay pruebas que colaborara en el entramado.