La mesa de diálogo pacta «superar la judicialización» de la política

El Govern de la Generalitat y el ejecutivo del Estado español han cerrado dos acuerdos marco en la reunión de la mesa de diálogo celebrada este miércoles en Madrid. Aunque los documentos con la literalidad de los acuerdos no se han querido hacer públicos hasta que los representantes de los dos gobiernos ya habían acabado de hablar con la prensa, los textos dejan claro que el encuentro se ha centrado al poner fin a la «judicialización» de la política y al impulsar un reconocimiento y una potenciación del catalán. Los documentos, sin embargo, también avisan de que todo se tendrá que hacer con el «compromiso con la seguridad jurídica» y con cambios legales que respeten «los procedimientos de reforma establecidos».

El primero de los dos grandes acuerdos genéricos es el que apuesta por «superar la judicialización garantizando un proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías, y rechazando la criminalización de los proyectos políticos democráticos». Sin concretar demasiado como se haría este proceso de desjudicialización, el documento dice que «hay que reforzar la apuesta por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios y el ordenamiento democrático y se tiene que concretar en medidas que supongan un avance que mejore la situación de partida y contribuyan en resolver el conflicto político». Con todo, los dos gobiernos admiten también las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización, a la vez que muestran la necesidad y la voluntad de avanzar en este ámbito.

Este primer acuerdo político de la mesa de diálogo habla de la apuesta de los dos ejecutivos por el «refuerzo de los derechos fundamentales, asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener un efecto sobre los derechos y las libertades o el patrimonio personal». También, sin embargo, se comprometen con «la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos». «La mejora de las instituciones y de sus procedimientos comporta el compromiso de las partes de conducir la actividad política e institucional de acuerdo con las instituciones y los procedimientos democráticos», asegura el documento, dejando claro que todo se tendrá que hacer dentro de la ley vigente y «sobre la base de los procedimientos de reforma establecidos».

Esta parte del pacto de la mesa de diálogo apuesta, de manera genérica y con poca concreción, por «avances graduales y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario». «Estos avances se tienen que concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos tomando, además, como referencia, los mejores estándares y recomendaciones europeos e internacionales», se añade, sin entrar a decir a qué reformas o leyes se hace referencia.

Por último en este punto, el texto dice que «cuando se alcancen estos acuerdos que requerirán alguna modificación legislativa concreta para materializarlos, los grupos parlamentarios de referencia a las Cortes Generales de las delegaciones de la mesa de diálogo se encargarán de impulsarla parlamentariamente». «Las dos partes manifiestan la voluntad de que estas modificaciones legislativas se aprueben, si procede, antes de que finalice el próximo periodo de sesiones», se dice también, en la única concreción temporal que se incluye al acuerdo.

El catalán, con más concreción

El otro gran acuerdo de la mesa de diálogo tiene que ver con el futuro del catalán. Partiendo de ela premisa que el catalán, y las lenguas en general, «forma parte de uno rico mosaico, plural y diverso, fruto de un legado heredado, que aporta muchas maneras de entender el mi e interactuar, y corresponde a cada generación contribuir a preservarlas e impulsarlas hacia el futuro», el documento firmado afianza el compromiso «de trabajo conjunto para favorecer un amplio consenso» para «garantizar el nivel de conocimiento y uso del catalán».

En este sentido, se ha pactado «contribuir al fortalecimiento y la mejora del modelo educativo de Catalunya», de acuerdo siempre con las leyes aprobadas por el Parlamenty el modelo lingüístico vigente en las aulas catalanas. «Los dos gobiernos comparten que el catalán tiene que seguir siendo la lengua utilizada normalmente como a vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Catalunya, y el aranés en la Vall d'Aran, que la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tiene que tener una presencia adecuada en los currículums y proyectos lingüísticos, y que se tiene que fortalecer la autonomía y la capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas», se detalla al acuerdo firmado este miércoles, que hace énfasis en que «la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria tendrá que estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de manera singular para cada centro».

En consecuencia, dice el documento, se da «apoyo al desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlament de Catalunya» y se deja claro el convencimiento de que «las disposiciones de esta Ley se adecuan en los marcos constitucional y estatutario». En todo caso, el gobierno de España y el de la Generalitat se comprometen «a resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos que pueda haber en la aplicación o el desarrollo del marco normativo vigente».

El documento pactado también habla «de incluir una perspectiva lingüística en los diversos proyectos normativos y en las políticas públicas que impulsen los dos gobiernos, especialmente en los ámbitos educativo, cultural, tecnológico y administrativo», y se comprometen a «asegurar la presencia de Catalunya y de las culturas catalana y aranesa en la UNESCO y en otras instituciones comunitarias e internacionales».

Al mismo acuerdo se habla de «promover la pluralidad lingüística a las instituciones y el derecho de la ciudadanía de ser atendida en la lengua oficial que escoja», y se concreta que «se promoverán esta legislatura las reformas reglamentarias en las Cortes Generales para ampliar el derecho de los representantes de los españoles a hacer su tarea en todas las lenguas del Estado». En este sentido, de momento la presencia del catalán en las Cortes Generales se limita al Senado sólo, dado que el acuerdo dice que «se empezará por impulsar la revisión del reglamento» de la cámara alta «para ampliar este derecho». Igualmente, se han comprometido a que el Estado promueva «las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán a la administración periférica del Estado», cosa que permitiría un cierto uso del catalán en el Parlamento Europeo.

En el documento firmado se hace referencia también a que los dos gobiernos «se comprometen a trabajar en el marco de los principios incluidos en la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa y en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de la UNESCO» y a que el gobierno de España «facilite que el Gobierno de la Generalitat envíe representantes a los foros que traten políticas con dimensiones lingüísticas y que permitan representación no estatal».

Por último, el acuerdo dice que el Estado «entiende que todas las previsiones que contiene este acuerdo que hacen referencia al catalán se pueden aplicar al resto de lenguas oficiales del Estado diferentes del castellano si así lo piden los gobiernos de las comunidades autónomas con más de una lengua oficial».