Entra en vigor el decreto de ahorro energético en España

El decreto ley para ahorrar energía impulsado por el gobierno español, y que tiene como en medida estrella la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y a 19 grados en invierno entra en vigor este miércoles, con la intención de que sirva para recortar sustancialmente la factura energética y de cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Las asociaciones de comerciantes de Barcelona ven muy precipitadas las medidas y piden «flexibilidad» a la hora de aplicarlas. Las entidades de tiendas lamentan que 27 grados «es una temperatura demasiado elevada» con la que «los clientes se encontrarán incómodos en las tiendas».

Las limitaciones no se aplicarán en los espacios laborales como cocinas o bares o cualquier trabajo donde los trabajadores estén en movimiento. En estos casos, se respetará la normativa laboral que marca el máximo de temperatura en 25 grados. Aún así, el gobierno español insiste en que la medida seguirá siendo efectiva porque «no es lo mismo 25 que 19 grados», insistía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada. Según los cálculos de la ministra, cada grado de cambio de temperatura supone un ahorro del 7% del consumo.

El control de temperatura se tendrá que aplicar en la administración pública, en los comercios, en los supermercados, en los espacios culturales como cines o teatros y también en estaciones de transportes. Precisamente, este último es uno de los puntos en los cuales el Gobierno ha pedido un cambio para evitar que se reduzca el uso del transporte público. El gobierno español reafirmó que las medidas salían adelante en la Conferencia Sectorial de Energía de este martes, donde el Ejecutivo pidió una moratoria del decreto para acabar de afinarlo y las comunidades gobernadas por el PP exigieron la retirada.

Tampoco tendrán que regular el termostato a 27 grados hospitales, centros educativos y peluquerías y las habitaciones de hotel, que se consideran un espacio privado. En las casas particulares no se introduce ningún límite de temperatura.

Otro de los cambios a aplicar a partir de esta noche es la obligación de apagar las luces de los escaparates a las 22.00 h. La resolución también se aplica al alumbrado de los edificios públicos que estén desocupados pero, en cambio, no obliga a los monumentos como la Sagrada Familia a apagar las luces que lo iluminan. En este caso, será el patronal que la gestiona quien decidirá qué hacer con el alumbrado.

Este decreto también obliga a los edificios públicos a mejorar su eficiencia energética, ya sea con obras de rehabilitación, sustituyendo el alumbrado o instalando sistemas de autoconsumo.

Los recintos obligados a mantener la temperatura a 27 grados como mínima tendrán que informar con carteles o pantallas de que las medidas contribuyen al ahorro energético antes del 2 de septiembre. Hasta ahora, los locales ya estaban obligados a mostrar la temperatura y la humedad de los espacios.

Alargando el plan de choque hasta noviembre del 2023, el ejecutivo de Pedro Sánchez espera cumplir con el compromiso europeo de reducir la dependencia energética ante la amenaza de un corte del suministro de gas ruso.

Con estas primeras medidas, el Ministerio de Transición Ecológica estima que se conseguirá entre el 4 y el 5% de ahorro en el consumo energético comprometido con la Unión Europea, que es del 7%.

Los comerciantes creen que las medidas son «precipitadas» y piden «flexibilidad»

Después de todo, los comerciantes consideran que el plan de ahorro energético del gobierno español incluye medidas «precipitadas» y piden «flexibilidad» a la hora de aplicarlas. En este sentido, la asociación de comerciantes Barcelona Oberta pide que la temperatura mínima del aire acondicionado sea de 25 grados, tal como marca el decreto ley de 1997, que regula las condiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo. «Entendemos que aunque ahora el último decreto ley dice 27 grados, hay uno superior que lo ampara donde se habla de 25 grados», detalla la directora del ente, Núria Paricio, en declaraciones a ACN. «Los 25 grados son una buena temperatura de confort para poder trabajar», añade.

Por su parte, Barcelona Comerç considera que las medidas para el ahorro energético son «demasiado generalistas». La entidad que agrupa comerciantes de los diferentes barrios de la capital catalana lamentó la semana pasada que no se hubieran pactado con los representantes económicos. «No es lo mismo una peluquería que una tienda de congelados», dijo su presidente, Salva Vendrell, a ACN.

De la misma manera, la Associació del Passeig de Gràcia considera que los 27 grados «es una temperatura demasiado elevada» con la que «los clientes se encontrarán incómodos en las tiendas, sobre todo en las tiendas de ropa donde es necesario probarse piezas». Aparte de «chocar con la legislación laboral», desde la entidad apuntan que «puede suponer un grave inconveniente en comercios de alimentación».

Al mismo tiempo, lamentan que el decreto «no ha sido mínimamente consensuado ni con las comunidades autónomas ni con los sectores econòmics». «Puede acabar trayendo más inconvenientes que beneficios,» explica un portavoz de la asociación a ACN.

Cierre automático de las puertas

Además, a finales de septiembre también empezará a ser obligatorio el cierre automático de las puertas de los espacios climatizados. Esta medida -que puede consistir en un brazo de cierre automático de puertas para que no estén siempre abiertas- se aplicará también a los edificios que utilicen energía renovable.

De entrada, Barcelona Oberta calcula que entre 25.000 y 30.000 establecimientos de Cataluña -uno de cada cuatro- no podrá cumplirlo. «No hay ni materiales ni instaladores suficientes para hacerlo cumplir», advierte Paricio, que pide «flexibilidad» al gobierno español. Asimismo, Barcelona Comerç considera que es «inviable» tener las puertas cerradas de las tiendas para ahorrar energía.

«Los comercios que no tienen puertas no se les ha dado tiempo suficiente para instalar puertas para adaptarse a la nueva legislación», coinciden en decir fuentes de la Associació de Passeig de Gràcia. También Barcelona Comerç ve «imposible» poder cumplir con el plazo sin subvenciones. «Estas inversiones tienen que venir acompañadas de ayudas por parte del Estado», ha insistido Vendrell.