El Congreso aprobará definitivamente esta semana la ley del solo sí es sí

El Pleno del Congreso dará este jueves de forma definitiva luz verde a la ley del solo sí es sí, después de que el pasado julio el Senado incluyera una enmienda que modificó una letra del texto y retrasó así la aprobación final de esta norma, que eliminará la distinción entre abuso y agresión sexual.

Fue el pasado 19 de julio cuando el Senado aprobó por sorpresa la enmienda de JxCat al recibir el apoyo del PP, que se opone a la ley, cuando se esperaba que no volviera a la Cámara baja y entrara ya en vigor. De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, intervino en el Pleno antes de saber el desenlace de la jornada.

El párrafo propuesto por la formación catalana ya estaba incluido en el texto que llegó del Congreso y solo modifica una letra del mismo. De este modo, su entrada en vigor se ha pospuesto hasta que el Congreso dé su sí definitivo. La ley de garantía integral de la libertad sexual modifica el Código Penal para suprimir la distinción entre abuso y agresión sexual y hace del consentimiento expreso la clave para juzgar delitos sexuales.

Su tramitación ha sido larga y no ha estado exenta de polémica. En su paso por el Congreso estuvo a punto de decaer después de que el PSOE planteara una enmienda para castigar a todo el que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin la necesidad de que exista una relación de explotación.

Ante la falta de apoyo de sus socios tradicionales, el grupo socialista optó finalmente por retirar la enmienda y presentar en solitario una nueva proposición de ley en la que apuesta por caminar hacia la abolición de la prostitución.

De esta forma, quedaron fuera los artículos más polémicos sobre la prostitución, pero se incorporaron enmiendas para considerar ilícita la publicidad que contribuya a promover esta práctica y reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

Más allá del debate sobre la prostitución, el origen de la ley del sólo sí es sí se sitúa en las protestas contra la sentencia del conocido caso de La Manada, que consideró abuso sexual la violación grupal de una joven en los Sanfermines de 2016 y desató una ola de manifestaciones feministas. Tres años después el Supremo dictaminó que se trató de una violación y elevó las penas a los cinco agresores de nueve a quince años de prisión.

La nueva ley elimina el delito de abuso sexual y todo acto sexual no consentido será agresión; el consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales, sin necesidad de que la víctima deba acreditar que ha sufrido violencia o que se ha resistido. «Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», según reza el proyecto.

Asegura la asistencia integral a las víctimas de delitos sexuales e incluye medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos. Se ha incluido asimismo una pena de multa de uno a tres meses a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad.

También se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

Los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género, tal y como acordaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

El anteproyecto de ley salió del Consejo de Ministros en marzo de 2020 tras largas negociaciones entre los ministerios de Igualdad y de Justicia y fue cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad tanto la redacción inicial del consentimiento expreso como la supresión de la distinción entre abuso y violación.