Sucesos
Investigan a Repsol, Cepsa y BP por posibles irregularidades en los descuentos de los carburantes
CNMC ha registrado la sede de las compañías entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre
El precio de la gasolina sube un 0,7% y alcanza máximos desde el 2015 durante el puente de mayo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a grandes operadores del sector energético español por posibles prácticas anticompetitivas en plena crisis de precios después del estallido de la guerra de Ucrania, según ha informado al organismo en un comunicado este miércoles.
Entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2022, los equipos de la CNMC inspeccionaron la sede de Repsol, Cepsa y BP, según ha adelantado RTVE y han confirmado fuentes del sector a ACN. La actuación ha sido precedida de denuncias de asociaciones de comercializadoras pequeñas ahogadas por los descuentos de precio que pueden asumir los grandes operadores en un contexto de inflación que ha disparado los costes energéticos.
Entre los denunciantes está la Asociación de Estaciones de Servicio Automático (AESAE) y la Asociación de Comercializadoras de Hidrocarburos y otras energías (ACIH).
Repsol ha negado «rotundamente» los hechos denunciados y ha afirmado que cumple de manera «estricta» con la regulación en materia de competencia. «Repsol ha colaborado plenamente con la CNMC», han asegurado fuentes de la empresa. De la misma manera, BP ha reconocido que Competencia ha realizado una inspección en las oficinas de Madrid y ha afirmado que ha colaborado con el organismo «a lo largo de todo el proceso».
La CNMC ha asegurado al comunicado que las inspecciones son un paso preliminar de la investigación y no prejuzgan la culpabilidad de los investigados. Ahora bien, si como resultado se encontraran indicios de prácticas prohibidas el ente presidido por Cani Fernández sancionará las empresas.
En este sentido, la CNMC recuerda que las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia de la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que puede comportar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.