La Abogacía del Estado pide reducir las penas de inhabilitación de los condenados por el 1-O
El escrito propone que la inhabilitación de Junqueras quede en 7 años y la de Turull en 6 años y nueve meses
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La Abogacía del Estado ha presentado este martes el escrito donde pide rebajar a cerca de la mitad las penas de inhabilitación a los condenados por el proceso en aplicación de la reforma del Código Penal que deroga la sedición y reformula la malversación y los desórdenes públicos agravados. El escrito reclama que la inhabilitación quede fijada en 7 años para Oriol Junqueras (está condenado a 13 años), 6 años y 9 meses para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años), 6 años y tres meses para Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y seis meses), 6 años y seis meses para Carme Forcadell (11 años y 6 meses), y 4 años para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años).
En su escrito, la Abogacía contradice el criterio de la Fiscalía –y del Juez Llarena en el caso Puigdemont- y concluye que no se puede atribuir a ninguno de los condenados el nuevo delito de malversación con ánimo de lucro, sino sólo el de administración desleal.
Recuerda que durante el juicio del proceso «ni se practicó ninguna prueba ni se declaró en la sentencia» que los hechos «fueran con ánimo de lucro», y por lo tanto ahora no se pueden encajar en los casos más graves de malversación que recoge el artículo 432 del nuevo Código Penal.
En cambio, según la Abogacía, sí que se puede considerar que cometieron un delito de administración desleal porque destinaron los fondos a cuestiones diferentes a las que estaban destinados que recoge el artículo 433 del Código Penal, y por lo tanto la inhabilitación por este delito tendría que ser de uno a tres años.
Desórdenes públicos agravados
Suma años de inhabilitación por desórdenes públicos agravados. La Abogacía concluye –en sintonía con la Fiscalía, pero no con Llarena- que a pesar de la derogación de la sedición se puede atribuir aparte de los condenados el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que permite penas de inhabilitación de 3 a 5 años y de 6 a 8 años en caso de autoridad.
Por este motivo, la Abogacía pide que se revisen a la baja las inhabilitaciones de los condenados por sedición y malversación: Junqueras, Romero, Turull y Bassa, a quien atribuye ahora desórdenes públicos agravados y administración desleal y pide inhabilitaciones de 7 años para Junqueras y de 6 años y nueve meses para el resto.
Al resto de condenados por sedición les atribuye ahora el delito de desórdenes públicos agravados. Por eso pide penas de inhabilitación de 6 años y nueve meses para Turull, 6 años y seis meses para Forcadell, 6 años y tres meses para Forn y Rull, y 4 años para Sànchez y Cuixart.
El de la Abogacía por el último escrito que quedaba para presentar después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dio en las partes ocho días para que posicionaran sobre como tienen que quedar las condenas en aplicación de la reforma del Código Penal.
La Fiscalía presentó este miércoles su escrito, donde pide que se mantengan las penas para Junqueras, Romero, Turull y Bassa y rebajas menores para Forcadell, Horno, Rizo, Cuixart y Sànchez.
En las próximas semanas la Sala Segunda se tendrá que reunir para adoptar una decisión sobre la rebaja de las condenas. La decisión se podrá recurrir y previsiblemente acabará dirimida en el Tribunal Constitucional.