El TSJC obliga a una escuela de Girona a impartir una asignatura troncal en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a una escuela de Girona a impartir una asignatura troncal –aparte de la materia de lengua- en castellano. Según ha adelantado Vilaweb y ha confirmado ACN, el tribunal ha dictado la medida cautelar ante la petición de una familia.

La nueva legislación educativa pactada por el PSC, ERC, Junts y los Comuns dejaba fuera los porcentajes pero definía el castellano como lengua de uso curricular y educativo. En su auto, el alto tribunal se ampara en ella para imponer que se imparta una asignatura troncal en castellano en esta escuela y requiere a la dirección del centro que antes de septiembre informe de los cambios del plan de usos lingüísticos para cumplir el orden.

La medida no sólo afectará al hijo de la familia que lo pedía sino al resto de la clase. El Departamento de Educación ya ha adelantado a ACN que lo recurrirá. Según detalla Vilaweb, el auto concluye que la presencia del castellano en la escuela es insuficiente porque de las veinticinco horas semanales, trece y media son en catalán, una y media en castellano y una en inglés. Aparte, se hacen unos talleres, tres de los cuales en catalán, uno en castellano y uno en inglés.

El tribunal obligará a revertir la situación imponente que se haga, como mínimo, una troncal en castellano y fija tres puntos que habrá que cumplir. El primero: que la asignatura sea íntegramente en castellano, de manera que no se pueda combinar con otros idiomas. Además, todo el material docente tendrá que estar en esta lengua. Finalmente, establece que la asignatura se tendrá que hacer en castellano durante los cursos siguientes que curse el alumno, hasta que no haya una sentencia firme.

El auto reconoce que la nueva legislación «no desplaza completamente el castellano, desde el momento en el que se contempla su uso educativo y curricular, y se garantiza el conocimiento al fin de la enseñanza obligatoria». Eso, añade el tribunal, les permite «tomar las medidas oportunas, sean cautelares o en la sentencia definitiva, para garantizar la presencia mínima de la lengua castellana, de acuerdo con lo que establece en el marco constitucional y legal, estatal y autonómico».