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Justicia levanta la sanción a Rosa Peral para gravar entrevistas sin permiso

El otro condenado pel 'crimen de la Guardia Urbana' también fue expedientado para tener teléfonos de periodistas

La acusada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, sentada al lado del otro acusado, Albert López

Rosa Peral y Albert López son condenados a 25 y 20 años de prisión por el crimen de la Guardia UrbanaACN

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El Departamento de Justicia ha levantado la sanción a Rosa Peral, condenada a 25 años porel asesinato de su expareja en el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', por las entrevistas telefónicas que ha concedido a medios de comunicación y también para un documental emitido por Netflix, según ha adelantado Catalunya Ràdio y ha confirmado la ACN. A mediados de septiembre fue expedientada por un mal uso del régimen interno de comunicaciones que supone una falta grave, y se le restringieron las comunicaciones y visitas. El levantamiento de la sanción se le comunicó en Peral este miércoles.

Al otro condenado, Albert López, también se le abrió un expediente y se le han aplicado medidas cautelares para tener en su lista de teléfonos autorizados los números de dos periodistas, aunque su defensa alega que fueron autorizados hace dos años. Según su abogado, ahora López sólo puede llamarloa él y después de autorización previa de los responsables de la prisión.

Los presos tienen autorizadas las comunicaciones con familia o amigos, a una serie de números de teléfono determinados y limitados. Cuando quieren conceder entrevistas a medios, el interno lo tiene que comunicar a la dirección de la prisión, que es a quien valora antes de tomar una decisión. Lo hacen de manera conjunta con asuntos penitenciarios, la junta de tratamiento y comunicación. Para decidir si se otorgan entrevistas, se tienen en cuenta varios elementos, como que no altere la rutina del centro, cuestiones de seguridad, el impacto que puede tener en el proceso de inserción del interno o la protección de las víctimas, entre otros. En caso de autorizarse, se llevan a cabo con papel y lápiz, a través de los locutorios de comunicación. Para medios audiovisuales, no se autorizan.

Saltarse este tipo de requisitos es una falta grave, indican desde el Departamento de Justicia, que insiste en que el modelo de ejecución penal catalán es garantista y se preserva la intimidad en las comunicaciones de los internos con la familia y amigos. Eso supone que no se fiscalizan este tipo de encuentros o llamadas.

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