Bruselas lleva España ante la justicia europea para no dar suficiente autonomía comercial a Adif

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para incumplir las normas ferroviarias comunitarias. En un comunicado, Bruselas apunta que el marco regulador del Estado «infringe» varias disposiciones de la directiva ferroviaria europea. Concretamente, el ejecutivo comunitario apunta que el operador único de las infraestructuras, Adif, sigue sin tener autonomía suficiente para determinar los cánones porel uso de las infraestructuras. También indica que la independencia del consejo de administración «no está garantizada» al ser nombrado por el gobierno español y remarca que «faltan elementos clave» en el acuerdo contractual entre el gobierno español y los administradores de infraestructuras.

Con respecto a los cánones, Bruselas señala que hay una nueva legislación española para cumplir los requisitos de la directiva europea, pero remarca que no está operativa porque establece un periodo transitorio y no está ningún plazo por aplicar el nuevo sistema. Eso hace, indica el ejecutivo comunitario, que los cánones porel uso de la infraestructuras «se consideren impuestos de facto» en los presupuestos del 2024 y 2025.

«En consecuencia, las empresas ferroviarias no podrán impugnar los cánones de acceso por vía férrea. Como están incluidos en la ley, estos cánones no podrán impugnarse ante los tribunales», remarca el ejecutivo comunitario.

Bruselas apunta que la legislación española tampoco garantiza la independencia de los consejos de administración de Adif y de Renfe. El ejecutivo comunitario argumenta que, como los nombra el gobierno español, este puede ejercer una influencia decisiva» en los acuerdos, incluidos los que afectan a los precios de los billetes.

El caso empezó el año 2018, cuando el ejecutivo comunitario abrió un proceso de infracción contra el Estado para no invertir completamente la directiva ferroviaria. Les autoridades españolas respondieron casi un año después indicando que la nueva legislación resolvía algunas de estas objeciones, a la vez que admitían que hacían falta más acciones para cumplir completamente las normas comunitarias. Ahora bien, Bruselas ha considerado que España sigue sin aplicar completamente la directiva y por eso ha decidido llevar el caso a la justicia europea.