Shakira, a juicio por fraude fiscal con la puerta aún abierta a un pacto

La Audiencia de Barcelona sienta desde el próximo lunes en el banquillo a la cantante Shakira.En concreto, la Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la artista por seis delitos contra la Hacienda pública que, individualmente, no superan los dos años de cárcel, lo que abre la puerta a que, en caso de condena, el tribunal suspenda su entrada en prisión.

Shakira ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que la Fiscalía le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena.

En doce sesiones, por las que está previsto que desfilen 117 testigos, además de peritos e inspectores de la Agencia Tributaria, el tribunal deberá resolver si, como mantiene la Fiscalía, la artista colombiana simuló tener residencia fiscal en Bahamas para burlar su obligación de pagar impuestos a la Hacienda española.

La lista de testigos, en la que no está su ex Gerard Piqué pero sí su anterior pareja Antonio de la Rúa, incluye además a celebridades del mundo de la música o el fútbol, como los hermanos José y David Muñoz de Estopa, el cantante de Maná Fernando Olvera o el chef Hideki Matsuhisa.

Posibilidad de pacto

Este no es el único frente judicial que tiene abierto la cantante por presunta evasión de impuestos. Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) la investiga desde el pasado de mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

Esta nueva causa penal podría alentar un pacto con la Fiscalía, que la artista ya rechazó en julio de 2022, cuando tras mantener varios contactos con el ministerio público descartó su oferta -que pretendía rebajarle la pena a cambio de que Shakira reconociera el delito- y jugársela en el juicio.

La posibilidad de un acuerdo de la cantante con la Fiscalía y la Agencia Tributaria -acusación particular en la causa- para reducir una eventual condena sigue sobre la mesa hasta el último minuto, pese al comunicado con el que Shakira desechó el pacto, en el se proclamaba víctima de la «persecución» de Hacienda y la «intransigencia» del ministerio público.

La tesis de la Fiscalía

La Fiscalía basa su acusación de fraude fiscal en el hecho que la cantante vivía en España «de manera habitual» entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por «motivos profesionales, con una duración muy corta», a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice( 61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

De esa forma, según el ministerio público, la acusada permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, en todos los casos por encima de los 183 días al año que, de acuerdo con la ley, la convertían en residente fiscal en España, con la obligación de tributar en este país por toda su renta mundial, con independencia de donde se hubiera producido.

Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, que ocultaban su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.

Un criterio del que discrepa la defensa, ejercida por el despacho de abogados Molins de Barcelona, que asegura tener pruebas de que la artista fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona a raíz de su relación con el futbolista Gerard Piqué. Para aclarar cuántos días pasó en España la cantante, la declaración de los testigosserá clave.