La Audiencia de Barcelona reabre de nuevo la causa contra Colau por subvenciones a entidades sociales

La Audiencia de Barcelona ha reabierto por segunda vez la causa contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por las supuestas subvenciones irregulares a entidades sociales como la PAH, el Observatorio DESC, ESF o el APE. Según ha adelantado ‘El Periódico’ y ha confirmado la ACN, el tribunal ha estimado el recurso presentado por la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades y la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la decisión del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona de rechazar la práctica de diligencias, entre ellas la cita como investigada de la interventora municipal que firmó el primer convenio de ayudas en el 2014 y después participó en la tramitación de la concesión de otras subvenciones.

El tribunal, que considera que «hay indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos», considera «razonable» que se requiera la «justificación de las subvenciones como elemento que puede dar luz a los presuntos delitos que se investigan».

En la concesión de estas subvenciones, la intervención municipal recomendó modificar la tramitación de las ayudas para ajustarlas a la normativa, acción corregida. Precisamente, la interventora municipal aseguró en la declaración que «no observó ninguna conducta más allá de meras irregularidades pero que nunca trascenderían el ámbito penal», tal como el mismo juzgado recordaba en su primer auto de archivamiento de esta causa que después fue reabierta por la Audiencia de Barcelona a finales del 2022.

Les asociaciones que ejercen la acusación popular en este procedimiento solicitaron la declaración como investigada de esta interventora, pero el juzgado la rechazó. Ahora, la Audiencia insta a que sea citada como investigada para que pueda testificar sobre las razones «para adjudicar subvenciones de forma directa, sin concurrencia pública» o sobre «la reiteración de estas subvenciones en el tiempo», ya que «chocaba con la normativa vigente». Para los magistrados «la interventora tendría que haber formulado objeciones» a esta decisión municipal y por eso creen que tiene que declarar en este procedimiento.

En concreto, el tribunal insta al juzgado a requerir el Ayuntamiento de Barcelona y las cuatro entidades que recibieron subvenciones para que «justifiquen el destino» de estas ayudas concedidas. El auto de la Audiencia de Barcelona indica que «conocer el destino que se dio al dinero de las subvenciones puede contribuir a valorar el carácter excepcional que justificaría estas subvenciones». En más, los magistrados detallan que «diversas de las personas que intervinieron en la concesión de las subvenciones tenían vínculos con las entidades que recibieron el dinero» y por eso saber el destino de las ayudas «puede aportar información relevante para valorar si, al concederse las subvenciones, los que las concedían eran conscientes de estar dando un uso desviado en fondos públicos». «Así, por ejemplo, y como mera hipótesis, ya que parece que las entidades que recibieron las subvenciones las destinaron en una elevada proporción a gastos de personal, podría resultar que los que concedían la subvención supieran que estaban facilitando el pago de retribuciones a sus compañeros o excompañeros, en vez de destinar el dinero a finalidades adecuadas para un ayuntamiento,» remarca el tribunal.

En su auto, la Audiencia de Barcelona también recuerda que las ayudas a entidades sociales se concedieron durante varios años y remarca que «la justificación que se realizara sobre las subvenciones ya concedidas y abonadas tendría que influir en las decisiones posteriores de conceder o no más subvenciones , tanto a la cuestión de fondo (si se otorgaba o no una nueva subvención) como las cuestiones de forma (si estaba justificado que las nuevas subvenciones se volvieran a conceder de forma directa o si tenía que permitir la concurrencia de otras entidades).

La posición del consistorio

De su lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha indicado que en estos momentos el auto está siendo analizado por los servicios jurídicos municipales. Al mismo tiempo recuerda que el fiscal no ha presentado acusación y que se trata de una causa que ya ha sido archivada en dos ocasiones.

Además, también ha subrayado que la semana pasada se pronunció el Tribunal de Cuentas, que no apreció responsabilidad contable en los hechos.

En paralelo, el Ayuntamiento manifiesta «el más absoluto respeto» por las decisiones judiciales y, al mismo tiempo, la «máxima confianza» en la figura de la interventora municipal.