Las acusaciones destacan la brutalidad del violador de Igualada y desmontan la versión del acusado

Unanimidad en las valoraciones de las acusaciones y fiscalía al afirmar que el acusado de la violación a la menor en Igualada en 2021 es el autor de los hechos, una vez escuchados los testigos y las pruebas durante el juicio que se ha celebrado este semana en la Audiencia de Barcelona.

Durante la exposición de los informes finales, han destacado la brutalidad del ataque, la voluntad de matar a la víctima y el «ensañamiento» y carga machista en su modus operandi, buscando su «vejación y humillación».

Uno de los letrados, el representante de la patronal Fecasarm, ha justificado la petición de cumplimiento íntegro de la pena diciendo que «es un peligro público» y que no puede estar en libertad para ser un «salvaje»: «No quería agredirla, quería matarla», ha dicho.

En este quinto día de juicio, la defensa ha mantenido la petición de la absolución diciendo que su cliente es inocente y que no hay bastantes indicios ni pruebas contundentes contra él. El letrado Gerard Negrell se ha centrado sobre todo al rebatir, punto por punto, las pruebas que durante el juicio se han considerado claves para señalarlo como autor. Así por ejemplo, ha remarcado que el móvil de su cliente no se geolocalizó como el de la víctima sino que se miró la tarificación, es decir, la antena que le envió señal antes y después de la agresión.

Un sistema que, según Negrell, no permite conocer el radio que coge por la «gran cobertura» del repetidor, ya que incluiría la zona de los hechos y también la de la discoteca. «Se puede decir que mi cliente estaba por la zona» pero no que estuviera en el lugar de los hechos, ha remachado. También ha pedido que no se tengan en cuenta las imágenes de las cámaras por su «falta de calidad» y ha acusado a los mossos de «falta de rigor técnico» durante la investigación en relación a este tema.

Por otra parte, ha quitado hierro con el tema de las prendas de ropa del acusado aquella noche todo diciendo que no tenían ningún rasgo distintivo específico. Llevar prendas de ropa oscuras y bambas blancas, ha dicho, no puede ser una prueba porque «todos los jóvenes van vestidos igual y que sea similar (en las que se veían en las cámaras) no quiere decir que sea la misma», ha dicho.

También ha dicho que era «inverosímil» que el acusado, si hubiera cometido la brutal agresión, hubiera seguido haciendo vida normal y mantenido piezas como la chaqueta con manchas de sangre durante los meses siguientes en vez de destruir todas estas pruebas. Y ha mantenido lo que dijo su cliente, que iba tan bebido que olvidó su chaqueta y se encontró otra por la calle.

El golpe en la cabeza, una caída accidental

La defensa también ha dedicado bastante tiempo a cuestionar el que todas las acusaciones han dado por hecho, que el agresor golpeó la cabeza a la víctima con ánimo de matarla para agredirla sexualmente.

De hecho, ha hecho énfasis en la no aparición del objeto con el cual el agresor habría golpeado la cabeza de la víctima y ha añadido que, este hecho, bien podría demostrar que en realidad, lo que pasó, es que la víctima, después de la brutal agresión, quedó seminconsciente y se pudo golpear la cabeza con el suelo.

Este es un aspecto clave para la defensa ya que entiende que, en caso de que la sentencia sea condenatoria por agresión sexual, tendría que dejar sin efecto la posibilidad que fuera un intento de asesinato. «Pero no se lo podría condenar por las dos cosas», ha señalado.

Al final de su intervención, ha pedido que se tenga en cuenta que el acusado sufre alcoholismo crónico, que le habría afectado a sus capacidades aquel día a la vez que ha vuelto a pedir que no se lo expulse una vez haya cumplido buena parte de la condena porque no tiene vínculos en su país de origen.

El acusado, una vez escuchadas todas las conclusiones, ha declinado hacer uso de su último turno de palabra.

Fiscalía y acusaciones denuncian la brutalidad de los hechos y lo acusan de mentir

El Ministerio Fiscal ha asegurado que mantiene las peticiones iniciales de pena de prisión porque los hechos han quedado perfectamente probados y sin ninguna posibilidad que lo hubiera podido hacer alguien más. Y ha detallado la brutalidad de un ataque en que la víctima no pudo defenderse porque habría sido «por detrás» y sin que se lo esperara.

Prueba de eso, ha dicho, es que no presentara marcas haberlo intentado y que estuviera a punto de perder la vida, no sólo por las múltiples heridas en puntos vitales sino también por el frío y el riesgo de morir por las hemorragias. También ha hecho énfasis en la carga «vejatoria, humillante» y voluntad de someterla como mujer, tal como recogen los informes forenses del caso.

Desde la acusación particular, se ha hablado de las «mentiras» del acusado, diciendo que fue una declaración «absurda y faltada de veracidad». Más concretamente, cuando el acusado -que sólo respondió a su abogado- dijo que no recordaba nada y que estaba bajo los efectos del alcohol. «Queda desmentido con las imágenes de vídeo de él y el grupo que dañó un coche y con el acusado andando perfectamente a las 2 de la madrugada» así como después de la agresión, remarca al letrado de la familia, Jorge E. Albertini,

Por otra parte, el abogado también se ha referido a las graves secuelas que sufre la víctima después de la agresión, haciendo imposible que viva con normalidad en su día a día y con «pensamientos autodestructivos» de forma recurrente, entre otros. Y ha asegurado que, después de la brutalidad de la agresión, sólo gracias a «un ángel que aparece» -el camionero- y la asistencia sanitaria recibida, la víctima salvó la vida. «Si no, ahora estaríamos ante un caso de prisión permanente revisable por la muerte de la víctima», ha dicho.

Les acusaciones particulares desmontan la versión del acusado

De su lado, el abogado de la primera acusación popular ha sido el de la Generalitat, Enric Millan, que se ha adherido a los informes de fiscalía y acusación particular y ha remarcado, entre otros aspectos, que durante el juicio ha quedado demostrada la «falta de conciencia» de la víctima por la gravedad de las lesiones en que impidieron que pudiera pedir auxilio. Ha recordado, además, que se encontraba en un «lugar aislado, sin testigos ni cámaras» y que el acusado la dejó allí y se llevó algunos objetos de la menor.

El abogado del Ayuntamiento de Masquefa, Joan Josep Monner, ha hecho énfasis en la chaqueta de él con restos de sangre de la víctima y suya. Y ha reprochado al acusado no haber destinado esfuerzos al intentar demostrar que la sangre suya se correspondería a algún episodio posterior a los hechos. No haberlo hecho, ha dicho, demuestra que es culpable.

El letrado de acusación del Ayuntamiento de Igualada, Miguel Samper, ha elogiado la investigación de los mossos y ha apuntado que se ha conseguido encontrar al culpable gracias a dos hechos afortunados: el accidente con los daños del grupo donde había el acusado y el descubrimiento de la víctima, a punto de morir, por parte de los camioneros que dieron el aviso y que la auxiliaron. Asimismo, también se ha referido a los antecedentes delictivos de violencia machista del acusado contra anteriores víctimas, siempre mujeres, que en aquel caso fue de su propio entorno.

Desde la Fecasarm, el letrado Joaquim Boadas ha denunciado que este es un caso «excepcional», con una violencia nunca vista por alguien que ha demostrado ser un «salvaje». «Es un peligro público», ha remarcado, añadiendo que la pena tiene que ser «la más severa».

La última acusación a presentar las conclusiones ha sido el letrado de VOX, que ha alertado del «proceso de externalización» que ha demostrado tener el agresor, después de que haya pasado a agredir con brutalidad víctimas desconocidas.

Las acusaciones han pedido 30 años de prisión por un intento de asesinato con alevosía y el agravante de género y otro de agresión sexual agravada, con 15 años de prisión. También han pedido una indemnización de más de 330.000 euros a la víctima. La menor no ha tenido que declarar durante el juicio porque se ha hecho uso de la prueba preconstituida, la grabación de la declaración en el juzgado de instrucción y en las mismas condiciones de no publicitado que las acordadas en el momento para la declaración presencial.

El caso ha quedado visto para sentencia.

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