El Gobierno elaborará una nueva ley de emergencia social para esquivar la anulación del Constitucional

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este martes que el Gobierno «dejará sin efectos prácticos la sentencia del Tribunal Constitucional con una nueva ley de emergencia social que recoja todo aquello que ha quedado suspendido». «Mantenemos nuestro compromiso de tener herramientas para dar respuesta a las necesidades de vivienda y hacer frente a la pobreza energética», ha manifestadoeljefe del Ejecutivo después de la cumbre política y social que se ha celebrado el martes por la tarde en el Palau de la Generalitat para abordar el recurso del gobierno español en funciones contra la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Según ha explicado el presidente Puigdemont en una comparecencia informativa posterior a la reunión, la tramitación del proyecto de ley se hará en lectura de única por|para la necesidad de dar «soluciones rápidas» y evitar «que pueda producir una oleada de desahucios», tal como han trasladado a los representantes del mundo local que han participado en la reunión. «Ha habido un amplio consenso que hace falta un instrumento legal nuevo que siga dotando los ayuntamiento y otros actores de las herramientas que tengan que ser sobre todo útiles, prácticas y seguras,» ha manifestado el jefe de gobierno.

Mañana mismo el Gobierno empezará a trabajar con el Consejo de la Abogacía Catalana y los promotores de la iniciativa legislativa popular de la Ley 24/2015 (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética) para sacar adelante la nueva ley, que tendrá que regular «todos aquellos derechos de los catalanes que el gobierno español ha querido limitar con la presentación de este recurso». «Nos hace falta una nueva ley para seguir dando una respuesta de país con argumentos jurídicamente sólidos», ha subrayado.

La cumbre

En el encuentro, que se ha hecho en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, han participado los seis grupos parlamentarios; los promotores de la iniciativa legislativa popular (Plataforma de Afectados por la Vivienda, Observatori DESC y Aliança contra la pobreza energética); la Mesade entidades del Tercer Sector Social, la Plataforma porel derecho a una vivienda digna y los sindicatos UGT y CCOO. En representación del mundo local ha asistido la Asociación Catalana de Municipios y de la Federación Catalana de Municipios, y los alcaldes y alcaldesas de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lérida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Gerona y Sant Cugat del Vallès.

A más del presidente Puigdemont, por parte del Gobierno también ha cogido parte el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras; las conselleres de Presidencia, Neus Munté; Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs; Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa; el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, el secretario de Vivienda, Carles Sala, y el secretario de Gobierno, Joan Vidal de Ciurana.

El alcalde de Tarragona

Una vez finalizada la cumbre, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros indicaba: «Tenemos que tener en cuenta y no olvidar que el problema no es el Tribunal Constitucional o los gobiernos, el problema es que hay familias que sufren. Por eso, nos hace falta otra ley y tomar las medidas legales y prácticas para paliar la situación de estas personas que se encuentran en situación de pobreza». Y ha añadido: «Es el momento en que el Estado y la Generalitat se pongan a trabajar plegados y aporten fondo en las administraciones locales y a las entidades del tercer sector que estamos en la primera línea apoyando situaciones de riesgo y vulnerabilidad muy urgentes.» El alcalde de Tarragona, ha concluido: «Hemos reclamado la puesta en marcha de una comisión mixta permanente para hacer frente a la situación».