La Audiencia deja Serra y Todó a un paso de ir a juicio por la subida de sueldos en Catalunya Caixa

La Audiencia de Barcelona ha rechazado los recursos de Narcís Serra, Adolf Todó y una cuarentena de exdirectivos más de Catalunya Caixa por las retribuciones supuestamente excesivas y ha confirmado el auto que enviaba el caso a juicio. El tribunal confirma la decisión del juez de instrucción, que concluyó que los acuerdos del consejo de administración que elevaron las retribuciones de los exdirectivos Adolf Todó y Jaume Masana se hicieron «en perjuicio y menosprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad y de los intereses generales».

Así, según el auto de 10 páginas, la Audiencia también considera que hay que juzgar a los exdirectivos por un delito de administración desleal, como piden la Abogacía del Estado, la fiscalía, la CUP y Ausbanc, por los acuerdos del 2010 que aprobaron el aumento de retribuciones. Según el tribunal, los procesados actuaron con «abuso de cargo» y en «perjuicio de la entidad», ya que los acuerdos no iban en sintonía con «la situación real de la entidad, especialmente delicada, y el entorno de grave crisis económica que atravesaba». Además, los magistrados recuerdan que había recomendaciones en contra del FROB y la Comisión Europea.

La investigación partía de una denuncia de la fiscalía contra una cincuentena de exdirectivos de Catalunya Caixa por un delito de administración desleal por|para la aprobación en el 2010 de una aumento de sueldos para|por el exdirector general Adolf Todó y el exdirector general adjunto Jaume Masana. El juez remarcaba que eso se produce «en unas circunstancias de generalizada crisis económica» y en un periodo en que hubo una intervención con una «descomunal cantidad» de dinero público destinada a los bancos con problemas.

Una vez acabada la instrucción, el juez consideró que «no existe controversia sobre la realidad de los hechos denunciados» y que todos los acusados lo hicieron «en perjuicio y menosprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad y de los intereses generales». El juez cree que los acusados tomaron «las aparentemente reprobables decisiones que se consideran», unos como «beneficiarios directos por la aprobación de unos elevados ingresos a su favor» y otros «en connivencia o con temeridad próxima a uno actitud dolosa, con el propósito de ser bien vistos a la institución y abriendo las puertas a alguna expectativa o posibilidad futura».

El juez mantiene la imputación para una cuarentena de exmiembros del consejo de administración de la entidad, entre los cuales hay Narcís Serra y Adolf Todó. Se trata de los exdirectivos que aprobaron la subida de sueldos. Durante la instrucción, el juez archivó la causa contra once de los exmiembros del consejo de administración después de concluir que no estuvieron presentes en las votaciones o bien votaron en contra.

Según se detalla en el auto, Todó tuvo uno subida del sueldo fijo el año 2009 de 100.000 euros respecto del fijado en su contrato; de 100.000 euros más en el 2010 y de 12.000 euros en el 2011, mientras que la retribución variable subió del 35% fijado en su contrato al 50% del salario fijo acordado por el consejo de administración en enero del 2010, «cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 MEUR e incluso cuando ya habían estado aportados». Así, en el 2011 tuvo un sueldo de 812.000 euros.

El juez añade que esta situación también se produce en el caso de Jaume Masana, con «subidas de sueldo y de la retribución variable, del 35% al 45%«», en «igual y dramática situación económica de la entidad». «Asimismo, el consejo de administración, a propuesta de la comisión de rebribució, aprobó los contratos iniciales suscritos con Adolf Todó y Jaume Masana donde se incluyen los derechos para pensiones y prejubilaciones de un importe tan elevado como perjudicial a los intereses de la entidad», añade al juez instructor al auto. Massana tenía un sueldo en el 2011 de 600.000 euros anuales.

El juez añade que estos acuerdos fueron adoptados por un consejo de administración presidido por Narcís Serra, un «mero cargo representativo» pero con «elevados emolumentos en concepto de dietas».