El Gobierno presenta un recurso administrativo contra Adif para defender los derechos de los usuarios
El consejero Rull denuncia que sólo se ha cumplido el 4,2% del plan inversor de 306 millones de euros en Rodalies para los dos últimos años
Trenes Dignos denuncia que las modificaciones horarias del R16 disminuyen las devoluciones de los billetes
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha anunciado que el Gobierno ha presentado este viernes un recurso administrativo contra Adif para defender los derechos de los usuarios de Rodalies y Regionales. «Abrimos la vía judicial porque la vía política entre dos gobiernos ha quedado rota», ha afirmado.
Rull ha recordado que el Gobierno negoció con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias un plan inversor del 2014 y hasta julio de este año de 306 millones de euros, de los cuales sólo ha cumplido el 4,2% de la inversión. «Por lo tanto, hay un incumplimiento flagrante por parte del Ministerio de Fomento y sobre todo de Adif, que es quien tenía que hacer estas inversiones».
Por lo que hace referencia a las incidencias, en un requerimiento previo se cifraban las incidencias producidas en Rodalies entre el 2012 y el 2016 vinculados al mal estado de la infraestructura. En este periodo de cuatro años «se han producido 1.597 incidencias, con 45.392 trenes implicados y más de 5,6 millones de personas afectadas». Con respecto a la puntualidad, la de Rodalies se sitúa este 2016 en un 88,01%, cuando el objetivo contractual era del 97%. En Regionals, el porcentaje de trenes que llegan a la hora es del 51,8%, cuando tendría que ser de un 90%.
Soporte del mundo local
El Gobierno tiene el apoyo de la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis y el Ayuntamiento de Barcelona, que firmaron un manifiesto que se ha hecho llegar a todos los consistorios. Entre otras peticiones, en el documento se insta al Estado a ejecutar las inversiones pendientes tanto al Plan de Rodalies, como al acuerdo de actuaciones prioritarias y a los otros foros de coordinación y seguimiento entre la Generalitat y el Estado. El documento también reclama, además, que el Estado ceda toda la infraestructura a la Generalitat para completar el traspaso de Rodalies, mediante la segregación de la red ferroviaria de interés general de manera que desde el Gobierno se pueda asumir la totalidad de las competencias sobre el conjunto del sistema ferroviario de Cataluña.