Mas dice al TSJC que él impulsó el 9-N pero era «imposible pararlo» porque ya estaba en manos de voluntarios

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que cuando el Tribunal Constitucional (TC) envió la providencia el 4 de noviembre que suspendía el proceso participativo del 9-N ya era «imposible materialmente» pararlo porque no estaba en manos de la administración de la Generalitat sino de voluntarios. En respuesta a preguntas de su abogado en la primera jornada del juicio, Mas ha explicado que durante el 15 días anteriores se tomaron un montón de decisiones para asegurar que los voluntarios tuvieran «el aparato logístico» para asegurar que la jornada fuera un éxito. Aun así, se ha atribuido la iniciativa y la máxima responsabilidad política de sacarlo adelante.

Además, el expresidente ha recordado que, en su providencia, el TC no avisaba de las posibles consecuencias legales de salir adelante el proceso participativo, tal como había pedido el abogado del Estado en su recurso. Y que después de que el Gobierno pidiera una serie de aclaraciones, el alto tribunal no se reunió para dar una respuesta hasta después del 9-N.

De hecho, ha dicho que después de la anulación de la consulta por parte del TC, el 14 de octubre se decidió «cambiar el formato» y se anunció un proceso participativo, de naturaleza legal diferente a la consulta, pero que «difícilmente la administración podía llevar a cabo con garantías». «Había que cambiar el formato sin renunciar al objetivo último», ha dicho más de una vez. «Transformamos la consulta en un proceso participativo, con apoyo de la administración pero el concurso y protagonismo de 42.000 voluntarios, manteniendo la fecha y la pregunta,» ha relatado. «Queríamos una cosa seria y que el resultado se entendiera en todas partes», ha remachado.

No obstante, así como «la administración sola podía hacer la consulta inicialmente prevista, con el cambio de formato la administración ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo, porque era de un alta complejidad logística», ha admitido. «Se tenía que apuntar mucha gente para cubrir con garantías todas las mesas, no se habría podido llevar a cabo sin la participación generosa de 42.000 personas, fueron pieza clave e imprescindible», ha asegurado.

Según él, esta nueva apuesta era «plenamente democrática y legal», y por eso dice que no «entendieron» el recurso ante el Tribunal Constitucional. De hecho, al recurso judicial se sumaron «dificultades políticas», porque el Gobierno se quedó «solo» y tuvo un «conflicto político de altísimo nivel» después de acatar la primera decisión del TC.

Legalidad del proceso

Pero Mas ha querido incidir que entre la convocatoria del proceso participativo, el 14 de octubre, y su impugnación delante del TC, el 31 de octubre, pasaron 15 días donde el gobierno español «despreció y ridiculizar» la iniciativa, incluso «se mofó» como una «cosa secundaria», menor intranscendente». Sin embargo, según ha insinuado Mas, cuando el gobierno español vio la importancia que cogía el proceso y que se apuntaban decenas de miles de voluntarios, decidió presentar el recurso. No obstante, estas dos semanas de indecisión de Madrid sirvieron para que el Gobierno «tomara decisiones mientras no había suspensión para asegurar que los voluntarios, protagonistas de la jornada, estuvieran formados y tuvieran preparado todo el aparato logístico».

El martes 4 de noviembre se recibió al correo electrónico de Presidencia un mensaje del TC notificando la suspensión del proceso participativo. Pero en la notificación no se advertía de las posibles responsabilidades legales si se incumplía aquella suspensión, aunque el abogado del estado lo había pedido explícitamente, y, en cambio, el TC sí que incluyó el resto de peticiones del gobierno español. Dos días después, el jueves 6, se recibió la notificación de forma oficial en el Palau de la Generalitat, pero nadie pidió para entregarla en mano a ningún miembro del Gobierno. Mas ha contrapuesto este procedimiento a la serie justa un año después con la suspensión de la declaración de inicio del proceso el 9 de noviembre del 2015.

Un día más tarde, el viernes 7, el Gobierno presentó un recurso de súplica al TC pidiendo aclaraciones sobre esta segunda suspensión. «Como se había reunido de forma inmediata por la consulta convocada en septiembre, pensábamos que haría lo mismo; pero no fue el caso, no recibimos ninguna respuesta antes del domingo», ha explicado. Para Mas, el TC hacía falta que aclarara qué se tenía que detener exactamente, ya que en el proceso participativo había aspectos que no dependían directamente de la administración, sino de los voluntarios, y que ya se habían llevado a cabo y estaban en marcha. Como ejemplo de eso, ha puesto la web www.participa2014.cat, que ya se habían replicado en numerosos servidores de todo el mundo y varias entidades lo habían colgado. Así, decidieron no incorporar nueva información a la página, pero mantenerla colgada. «No había ningún ánimo de cometer ningún delito ni desobedecer a nadie», ha explicado.

Respecto del día de las votaciones, Mas ha dicho que tal como fueron los hechos pensaron que habían actuado «bien». De hecho, se ha preguntado de forma retórica el motivo por el cual ni el TC, ni un juzgado ni la fiscalía actuaron aquel mismo domingo para detener el proceso si supuestamente era tanto evidente que era ilegal. El presidente del tribunal le ha recordado que como acusado no puede formular preguntas, sino sólo responderlas.

Mas ha admitido el comentario de Barrientos y ha añadido que aquel mismo día el fiscal de guardia era Emilio Sánchez Ulled, que es quien encabeza el ministerio público en este proceso. Así, ha dicho que ni Ulled ni ningún juez o fiscal pidieron detener cautelarmente las votaciones de aquel domingo. Posteriormente en el 9-N, las votaciones siguieron hasta el 25 de noviembre en varios edificios de la Generalitat, y en medio, el 17 de noviembre, la junta de fiscales de Cataluña emitieron un informe donde se mostraban contrarios a perseguir penalmente los organizadores del proceso. Eso y las declaraciones de Rajoy y el ministro Catalán hicieron pensar en el Gobierno que no había nada ilegal en lo que habían hecho.

Iniciativa del presidente

En todo momento, el expresidente se ha atribuido la iniciativa política del 9-N y ha asegurado que los miembros del Gobierno siguieron sus directrices. «La iniciativa fue mía, y de mi Gobierno, pero las directrices eran mías, y el resto de miembros del Gobierno las siguieron, formulando opiniones», ha dicho. Así, ha negado que el proceso participativo fuera «un capricho individual, una salida de tono o una ocurrencia de última hora», sino que tenía «raíces profundas y estrictamente democráticas» y era «la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios, de mandatos explícitos del Parlamento reiterados» y de «movilizaciones populares inmensas con difíciles precedentes en nuestro entorno geográfico».

«Y todo eso después de elecciones democráticas que nadie impugnó y nadie cuestionó», ha añadido, recordando que la realización de una consulta estaba en el programa electoral de varias formaciones que obtuvieron mayoría absoluta, como CiU, ERC y la CUP, y que la cámara catalana aprobó la Ley de consultas no refrendarias. Además, ha recordado los intentos del Gobierno para negociar con el ejecutivo del Estado un referéndum acordado.

En este sentido, después de la segunda suspensión del TC, Mas ha dicho que se vio en la tesitura «contraponer dos deberes»: el de seguir los «mandatos parlamentarios explícitos y reiterados y de un movimiento que iba más allá del Gobierno», y el de atender una resolución del TC. «Teníamos que calibrar la importancia de las decisiones», ha opinado. «Ante la imposibilidad de parar algunas cosas, ante la imprecisión del TC y la magnitud de la movilización, mi deber era garantizar las votaciones con paz y tranquilidad», ha añadido. «Entendimos que habíamos cumplido la resolución, porque contenía un deber impreciso no reiterado,» ha concluido, reiterando que todo el mundo sabía que ni la consulta ni el proceso participativo eran vinculantes jurídicamente ni tendrían consecuencias legales. También ha citado, después de una pregunta de su abogado, un informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional que decía que sería «impropio» utilizar el derecho penal para detener un proceso de participación ciudadana.

Mas ha concluido su interrogatorio reiterando que fue «el máximo responsable de todo, de la idea y de sacarla adelante, de como sustituir o evolucionar la consulta para que se pudiera llevar a cabo el objetivo último que era la participación».

Ni Rajoy ni Catalá serán testimonios

Mas, igual que Ortega y Rigau, se ha negado a responder las preguntas de la acusación popular, liderada ahora por dos sindicatos de la policía española, y las de la fiscalía, alegando que el ministerio público sigue órdenes políticas del gobierno español, como se demostraría, según él, porque los fiscales catalanes inicialmente se opusieron a la presentación de la querella y sólo lo hicieron después de recibir la orden directa de los fiscales de Madrid. El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha dicho en Masía que no hacía falta que argumentara su negativa, ya que tiene todo el derecho, y también le ha argumentado que por su posición «institucional» él no podía hacer preguntas a los acusados. El resto de defensas no han hecho preguntas a ninguno de los acusados que no eran sus clientes.

Antes de Mas, en el turno de las cuestiones previas, la fiscalía ha pedido que testifique un responsable de Fujitsu, que aportó soporte técnico al proceso participativo, y que se incluya una nueva prueba que consiste en una página web de la Generalitat con información sobre el 9-N.

El abogado de Mas, Xavier Melero, ha reiterado la petición de incluir como testimonios al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el día antes y justo después del 9-N quitaron importancia a las votaciones y no le dieron ninguna trascendencia jurídica. También ha pedido que se aporte un informe del 2015 del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) sobre el 9-N y el informe de la junta de fiscales de Cataluña, del 17 de noviembre, que desestimaba presentar una querella, aunque después tuvieron que rectificar por el mandato directo de la Fiscalía General del Estado. El abogado de Ortega, Rafael Entrena, también ha pedido este informe de los fiscales catalanes, porque «es trascendente ver la evolución de la opinión de la fiscalía». El abogado de Rigau, Jordi Pina, ha pedido que se aporte un certificado del Departamento de Enseñanza que lista los 556 centros educativos de la Generalitat que sirvieron de puntos de votación, y que supusieron sólo el 42% del total.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled se ha opuesto a esta última petición, como ya hizo inicialmente el TSJC, porque «la fiscalía tiene mecanismos internos para tomar decisiones y no aporta nada a los hechos». También se ha opuesto a la declaración de Rajoy y Catalá «porque no aportarían nada, es innecesario».

Después de un breve remanso para la deliberación, el tribunal no ha aceptado como pruebas ni el informe de la junta de fiscales ni la declaración como testimonios de Rajoy y Catalá.

El juicio ha empezado con cerca de tres cuartos de hora de retraso porque Masía, Ortega y Rigau se han demorado en su paseo desde la plaza Sant Jaume hasta el paseo Lluís Companys. El tribunal ha preguntado si tardarían mucho y ha dicho que si llegaban más tarde de las 9.30 horas habría que convocar una vista oral breve para hablar sobre posibles medidas, cosa que no ha hecho falta.

En la sala de vistas, entre el público destacaba al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y la fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magaldi, así como la esposa de Mas, Helena Rakosnik, y el escritor y periodista próximo a C's Arcadi Espada. En las salas de prensa se han reunido en torno a medio centenar de periodistas.