Dos inspectores de educación dicen que Ensenyament no quiso dar instrucciones por escrito sobre el 9-N

Dos inspectores de educación han asegurado este martes que el Departament d'Ensenyament no quiso dar instrucciones por escrito a los directores de instituto sobre la cesión de los edificios para celebrar el proceso participativo del 9-N. Los dos inspectores recomendaron a los directores preocupados por la cuestión que pidieran en la Conselleria que les dieran instrucciones escritas, cosa que el departamento denegó, alegando que las declaraciones públicas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya eran suficientes, teniendo en cuenta que los edificios son propiedad del Gobierno. No obstante, los directores de los centros que lo pidieron sí que recibieron una especie de recibo conforme habían entregado las llaves de la instalación.

El primer testigo en declarar en esta segunda sesión del juicio en el TSJC por el proceso participativo del 9-N ha sido el inspector Josep Alsina, que, al saber que la jefa de los servicios territoriales de Ensenyament en Barcelona Comarques, Montserrat Llobet, había convocado el 16 de octubre a los directores en una reunión sobre el tema, habría citado en su despacho a las directoras de los dos institutos bajo su responsabilidad. Les dijo que pidieran instrucciones por escrito y al día siguiente de la reunión habló con ellas. Una de estas era Josefa Bosch, de l'IES Pompeu Fabra de Badalona, que ha negado que fuera en el despacho de Alsina antes de la reunión con Llobet y el resto de directores. Según Alsina, Bosch le habría dicho que en aquella reunión Llobet se había puesto «furiosa» cuando le pidieron instrucciones escritas, cosa que Llobet y Bosch han negado. Según Alsina, Bosch le explicó que Llobet creía que con la orden oral había bastante, pero él cree que cualquier acto administrativo, y más de esta «importancia», se tiene que plasmar por escrito.

Asimismo, Alsina cree que el uso de los centros para un proceso participativo no estaba claro si era un uso social, ya que se haría con voluntarios, cosa que tenía que autorizar el centro, o un uso administrativo por parte del propietario del edificio, el Gobierno. Para Alsina, eso suponía una «situación irregular», porque los directores no sabían cómo tenían que actuar. Por eso, el inspector escribió una carta a Llobet para que concretara las instrucciones por escrito, carta que elevó al inspector jefe de la zona, Francesc Güell, y que este no respondió como suele hacer habitualmente. Después de la suspensión del proceso participativo el 4 de noviembre por parte del TC, Alsina hizo un nuevo escrito, ahora ya como «requerimiento formal» a las dos directoras, diciéndoles que «no podían permitir el uso del instituto sin recibir instrucciones escritas», ya que podría comprometer su responsabilidad como servidores públicos. De hecho, para él, cuando leyó la providencia del TC no tuvo «ninguna duda» que el proceso estaba suspendido.

Según Alsina, Bosch se resistía a dar las llaves sin instrucciones escritas, y habría recibido «presiones y llamadas» de los servicios territoriales. No obstante, Bosch ha negado ante el tribunal haberse sentido presionada. Después del 9-N, Alsina fue a l'IES Pompeu Fabra para pedir el recibo de las llaves, alegando su preocupación por la situación legal de la directora. No obstante, el inspector entregó este recibo a la fiscalía, a la Alta Inspección Educativa del estado y a la Delegación del gobierno español en Cataluña, que lo incorporaron al proceso judicial, cosa que dio «rabia» a Bosch.

El segundo inspector que ha declarado, Jesús Rul, no ha sido tan contundente como Alsina. También detectó «inquietud» entre los directores, y el 28 de octubre les recomendó que pidieran instrucciones por escrito. «Como inspector tengo el deber de asesorar, actué de oficio, fue una decisión personal y no le comuniqué al inspector porqué habitualmente no lo hago», ha dicho. Según él, Güell dijo a los inspectores que se abstuvieran de actuar para el 9-N, pero Rul opinaba el contrario porque había «incertidumbres». Después del 4 de noviembre, pensó que él ya había actuado como lo tenía que hacer y que no había que añadir nada más. En todo caso, este inspector ha asegurado que no hubo «ninguna coacción por parte de nadie». Preguntado por las defensas, Rul ha dicho que comunicó la situación a la Alta Inspección educativa del estado porque «quería colaborar con la justicia» y porque creía que el departamento no podía ordenar una ilegalidad. De hecho, según él, el proceso participativo tenía el «propósito invariable de utilizar los institutos, pero moderando las formas, pasando de consulta a proceso participativo».

Dos directoras con versiones diferentes

También han declarado dos directoras que mostraron reticencias a dar las llaves de los centros. La exdirectora de l'IES Pedraforca de L'Hospitalet, Dolores Agenjo, que ha sido candidata por C's, ha explicado que en la reunión con los directores, Llobet dijo que todos los institutos serían sedes del proceso participativo. Ante las dudas y sorpresa de Agenjo, Llobet no le dijo que fuera obligatorio pero sí «conveniente». «Se daba por hecho que se tenían que dar las llaves, no era decisión de los directores» ha dicho. Además, también les pidió, a pesar de que no con tanta fuerza, que buscaran al menos a tres voluntarios por centro para hacerse cargo el día de las votaciones. «Si hubiera sabido lo que pedirían a la reunión, no hubiera ido», ha admitido.

Agenjo se marchó de la reunión con la idea de no buscar voluntarios, «porque no quería participar en un acto político», y con no dar las llaves si no obtenía un recibo como comprobante. Hasta el jueves 6 de noviembre, tres días antes de la votación, nadie le pidió las llaves. Aquella mañana la llamó el coordinador de FP, Jordi Granell, pidiéndole las llaves, y Agenjo le reclamó una orden por escrito, cosa en la cual Granell respondió que intentaría conseguir. Mientras tanto, Agenjo habló de la cuestión con dos directores de l'Hospitalet que también tenían dudas sobre la decisión, y que también estaban «angustiados», y lo comunicó a la Alta Inspección del estado, que le recomendó que no entregara las llaves sin una orden por escrito.

El jueves por la tarde habló con Llobet, que le dijo que consultaría la petición de una orden escrita. Hasta el viernes por la tarde Llobet no la volvió a llamar, y le dijo que era «la última para entregar las llaves». «Me sentí muy violenta, porque soy muy consciente de la jerarquía», ha explicado. «No es que quiera desobedecerte», dijo Agenjo. «Pues lo parece», habría respondido Llobet, que le dijo que era funcionario de la Generalitat, cosa que Agenjo negó. En una llamada posterior, Llobet le preguntó a Agenjo si aquella orden que pedía por escrito la enseñaría a alguien. Cuando Agenjo le dijo que la reenviaría a la Delegación del gobierno español y a la Alta Inspección, Llobet dijo que lo volvería a consultar, pero ya no volvió a hablar con la directora y nadie fue a buscar las llaves. Aun así, un transportista quiso entregar ordenadores en el centro, cosa que Agenjo rechazó.

En cambio, Josepa Bosch, directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, ha dicho que en la reunión del 16 de octubre con la directora territorial y el inspector jefe no se les dieron argumentos jurídicos para ceder los institutos para el proceso participativo. Según ella, tampoco es extraño porque tampoco lo hacen «en unas elecciones ordinarias». Aun así, después ha dicho que aquel domingo se hizo un «uso social» de los centros, ya que no eran unas elecciones oficiales. No obstante, ha dicho que en la reunión solicitó una instrucción por escrito sobre cómo funcionaría la jornada participativa. Llobet, según Bosch, le respondió que no sabía si le podía dar las indicaciones por escrito. En todo caso, ha asegurado que Llobet no se puso furiosa y que ella no sintió «ninguna presión» ni se obligó ningún director «a nada».

En una reunión posterior de la coordinadora de directores de institutos, elaboraron una carta para Llobet donde le solicitaban al menos un recibo o comprobante de entrega de las llaves. También ha asegurado que Alsina fue quien se puso en contacto con ella para trasladarle su «inquietud» sobre su seguridad jurídica. No obstante, ha dicho que se quedó «tranquila» cuando le vino a buscar las llaves un voluntario a quienes ella conocía muy bien y que le entregaron un recibo como comprobante.

Cargos del departamento

Montserrat Llobet, ahora directora general de ESO y Bachillerato, ha explicado que en la reunión con directores no dio ninguna instrucción, sino que básicamente reprodujo lo que había anunciado el presidente Mas dos días antes, el 14 de octubre. Llobet ha explicado que Agenjo parecía reticente pero finalmente lo habrían convencido. No obstante, cuando le dijo que llevaría el recibo de las llaves a la Delegación del gobierno español intuyó que «su finalidad era obtener el papel por escrito para llevarle a la delegada del gobierno». Por su parte, el exinspector jefe de Barcelona y Comarcas, Francesc Güell, ha explicado que en la reunión entre Llobet y los directores de instituto, en la que él estaba presente, «quedó muy claro que era voluntario» aunque era el titular de los centros quien haría uso. También ha asegurado que en aquella reunión Llobet no amenazó ni coaccionó a nadie ni se mostró «furiosa».

En una reunión posterior con inspectores de su demarcación, Alsina y Rul le habrían planteado «dudas sobre el amparo legal», pero él respondió que «no corresponde los inspectores» opinar sobre la cuestión, porque no son «superiores orgánicos de los directores», no es su competencia y no forma parte de su plan de trabajo. «El informe de Josep Alsina estaba fuera de lugar porque no tenía que opinar sobre el tema», ha asegurado. En la siguiente reunión con inspectores jefe de todas las demarcaciones territoriales, no se sacó el tema. Para Güell, no era necesaria una instrucción escrita para usar los centros, ya que era el titular a quien les quería utilizar.

Durante la mañana también han declarado la exdirectora del CIRE, Elisabet Abad, que hizo las urnas y papeletas, y el consejero delegado de la productora Foco, Daniel Martínez, que montó el centro de prensa a la Fira de Barcelona. Por la tarde está prevista la declaración del asesor de la Conselleria de Governació en materia de opinión pública, Joan Cañada; el director gerente del CTTI, Jordi Escalé, que organizó el sistema informático de recuento de votantes y votos, y dos informáticos de T-Systems que habrían hecho la base de datos de votantes, entre otros.

A diferencia de este lunes, Mas, Ortega y Rigau han llegado antes de las 9 de la mañana, sin manifestantes en la calle y por separado. Además, dentro de la sala, se han sentado justo bajo sus respectivos abogados, en un lateral, y no al tradicional banquillo de los acusados, en medio de la sala, de espalda al público y enfrente de los magistrados. Por su parte, la directora de l'IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat en el momento de los hechos, Dolores Agenjo, ha llegado acompañada de una decena de personas que le daban apoyo, incluido el líder de C's en la ciudad, Miguel García.