El Parlamento aprueba la ley del referéndum
Cs, PSC y PPC protestan marchándose del pleno y se niegan a participar de la votación
La ley del referéndum se ha aprobado pasadas las 21 horas, unas siete horas más tarde del previsto por las constantes interrupciones del pleno a petición de los partidos de la oposición. Los diputados de JxSí y la CUP han votado favorablemente a la proposición después de incluir el punto al orden del día por la vía de urgencia, apelando al artículo 81.3. Los independentistas han aprobado así la ley que pretende dar cobijo legal al referéndum del 1 de octubre, de manera inmediata, el Gobierno firme el decreto de convocatoria. Todos los diputados de CSQP se han abstenido en bloque pero se ha visualizado el malestar de los diputados de Podem con el portavoz de su grupo, Joan Coscubiela, por no haber podido intervenir en el debate de la ley. Los grupos de Cs, PSC y PPC han querido mostrar su contundente rechazo a la ley y a los trámites que se han seguido abandonando el pleno del Parlamento y negándose a participar de la votación. Después de la votación, los diputados han entonado 'Els Segadors', el himno de Cataluña.
La crispación ha marcado toda la sesión del pleno de este miércoles en que sólo se ha podido celebrar la sesión de control en el Gobierno y el debate y votación de la ley del referéndum. Las críticas de los partidos de la oposición sobre la manera como se ha tramitado la ley del referéndum ha forzado que la Mesa y la Junta de Portavoces se hayan reunido en diferentes ocasiones, parando el pleno durante horas.
JxSí y la CUP han invocado el artículo 81.3 del reglamento para incluir al orden del día la votación de la ley del 1-O y el pleno ha aprobado con los votos de los dos grupos parlamentarios eliminar trámites parlamentarios habituales. A pesar de la petición de Cs y PSC para que el Consejo de Garantías emita un dictamen de la ley del referéndum, la Mesa ha decidido no abrir un periodo para poder presentar recursos al órgano consultivo argumentando que es uno de los trámites eliminados por la votación al pleno. Por su parte, el Consejo de Garantías ha emitido una nota reconociendo el derecho de los grupos a pedir dictamen pero recordando también que es la Mesa quien decide si admite a trámite las peticiones.
Le ley se basa en tratados internacionales
La ley del referéndum aprobada supone el marco normativo que tendría que amparar la votación del 1-O. El texto explica que basa su legitimidad en el derecho y los tratados internacionales sobre el derecho a la autodeterminación, y por eso determina que esta ley «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto».
La norma establece los detalles técnicos como los puntos de votación serán los habituales, que los determinarán los ayuntamientos y que en caso de no hacerlo será la Generalitat quien los concrete, igual que se hará con la elección de los responsables municipales del referéndum y las mesas electorales. También habla de las papeletas y su validez o no en el recuento, y fija que la pregunta del referéndum será «¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?». La ley no cifra una participación mínima y establece que el ‘sí’ o no ‘lo ganarán’ si tienen un voto más que la otra opción. Si los independentistas ganan, la norma prevé que entre en vigor la ley de transitoriedad –que se aprobará también en breve- dos días después de la proclamación oficial de los resultados, y si ganan los contrarios a la secesión, se convocarán elecciones autonómicas anticipadas.
La ley aprobada también establece que la responsabilidad de elaborar el censo y fijar un procedimiento de votación para los catalanes residentes en el exterior es del Gobierno, y por lo tanto la norma no entra en más detalles. Con todo, se determina que se utilizarán de manera idéntica a cómo se hace en unas elecciones al Parlamento y, por lo tanto, tendrán garantizado el derecho al voto los mayores de 18 años, de nacionalidad española y residentes en Cataluña. La norma concreta también que habrá una campaña electoral de 15 días y define el papel de los medios públicos en esta.
Por último, la ley también determina el procedimiento de creación de la Sindicatura Electoral, la autoridad electoral que tendría que capitanear el arbitraje del 1-O, la elección de sus cinco miembros y su funcionamiento territorial.
Una vez aprobada la ley del referéndum, el Gobierno tiene previsto reunirse en breve en el mismo Parlament de Catalunya para firmar y avalar solidariamente con el presidente, Carles Puigdemont, el decreto de convocatoria del 1-O.