El Fiscal ordena a las policías locales impedir que se utilicen urnas de comicios anteriores que están en los ayuntamientos

La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a las policías locales tomar las «medidas oportunas» para impedir que el material electoral perteneciente al Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, como urnas, pueda ser utilizado para el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el TC.

En dos instrucciones dictadas este miércoles, el ministerio público obliga además a las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional a colaborar con los Mossos d'Esquadra, si así se los solicita, para precintar los centros de votación del 1-O.

En la instrucción dirigida a las policías locales, recuerda que existe un «depósito de material electoral propiedad de la Administración General del Estado, confiado a los ayuntamientos para el correcto desarrollo de los procesos electorales».

Ante el referéndum del 1 de octubre convocado por el Gobierno y suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía Superior de Cataluña indica a las policías que tienen que adoptar las medidas oportunas para impedir que el mencionado material» sea «utilizado» para celebrar la consulta de independencia.

Con este objetivo, el ministerio público ordena a la policía local «garantizar su custodia y asegurar que el material electoral de la Administración General del Estado no sea utilizado el día 1 de octubre, informante de cualquier incidencia o novedad que se produzca en su custodia o uso» antes de la jornada del 1-O.

La instrucción dirigida a las policías locales reproduce la orden de precinto de los locales designados para acoger las urnas del 1-O que ayer remitió la Fiscalía a los Mossos d'Esquadra y precisa que se tiene que impedir la votación en un «radio de seguridad» de 100 metros de estos recintos.

En este sentido, pide a las policías locales que «tomen en consideración» el contenido de esta instrucción, «cuánto que se le pueda requerir el auxilio y la colaboración por parte de los Mossos d'Esquadra».

Según la instrucción, las policías municipales de Cataluña tendrán «que colaborar» con los Mossos «en los requerimientos que le sean solicitados para el cumplimiento» de la orden de precinto de locales electorales, «cuanto antes mejor y sometiéndose a su coordinación operativa».

Esta colaboración, añade la instrucción de la Fiscalía, tendrá que ser considerada como un servicio de prioridad ante cualquier otro cometido ajena al cumplimiento de estas tareas concretas de la policía judicial.

Por su parte, la instrucción que el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha dirigido al general ninguna de la zona de Cataluña de la Guardia Civil y el jefe superior de Policía los informa de la facultad de los Mossos de acudir a ellos en el caso que no sea suficiente la ayuda dejada por las policías locales para precintar los centros de votación.

Todo eso sin perjuicio, añade, que la Fiscalía Superior de Cataluña «emita, en este contexto, las órdenes e instrucciones procedentes», es decir, que tengan que cumplir los mandatos directos que les pudiera hacer el ministerio público.

En este sentido, pide a los jefes de ambos cuerpos que dispongan «la planificación del uso de sus reservas, así como, en función de la evolución de los acontecimientos durante el 1 de octubre, la directa intervención de las unidades bajo su mando» para confiscar «urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral».