La Generalitat recurre la orden que ordena a las policías impedir la apertura|abertura de colegios

La Generalitat ha recurrido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a las policías impedir la apertura de colegios electorales y de los centros de recuento de votos. El abogado de la Generalitat ha presentado un recurso de reforma al auto, donde subraya que la decisión proyecta «efectos restrictivos sobre una amplia gama de derechos fundamentales» que no tienen «fundamento legal» (porque obedecen al cierre «masivo» de locales públicos con «la finalidad política» de impedir un referéndum). El recurso, además, subraya que las medidas cautelares adoptadas son «desproporcionadas» y que la votación del domingo «no constituirá la comisión de ningún delito, porque es la expresión y el lícito ejercicio por parte de la ciudadanía de derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la participación en los asuntos públicos». El abogado solicita al TSJC que resuelva el recurso antes del 1-O vista «la urgencia del caso» y que, además, lo haga en catalán.

El auto del TSJC, dictado este miércoles, ordena a los Mossos d'Esquadra, a la Guardia Civil y a la policía española que «impidan, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum». Y en concreto, que el mismo domingo, no permitan que abran –y que si lo hacen, se cierren de forma inmediata. La orden también afecta a aquellos establecimientos públicos que se utilicen para logística del referéndum o centros de recuento de votos.

El abogado de la Generalitat ha interpuesto un recurso de reforma contra el auto, donde pide que se revoquen todas las medidas cautelares. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, el letrado ya reclama, de entrada, que el TSJC resuelva el recurso en catalán.

Lo hace en base al Acord de Govern del 7 de mayo del 2013, que establece que en aquellos procesos judiciales en que esté implicada la Generalitat, «la tramitación del proceso se realice en lengua catalana». Por eso, solicita que la tramitación «de las actuaciones de este proceso» sean en catalán.

A partir de aquí, el recurso expone hasta seis motivos por los cuales el abogado entiende que el TSJC tiene que echar atrás las medidas cautelares. El letrado alega que cerrar los colegios vulneraría «el principio de proporcionalidad» porque puede afectar de manera «grave» al funcionamiento de los servicios públicos. Aquí, el recurso recuerda que, entre otros, se han habilitado centros cívicos, educativos y médicos –además de otros como ayuntamientos y polideportivos- donde ir a votar.

«Hay toda una serie de actividades que sufrirían grandes limitaciones o no podrían realizarse con un gravísimo perjuicio para la vida cultural, deportiva y asociativa de nuestro país», dice el recurso. Y precisa: «Así como también para el funcionamiento de la administración local y de los servicios sociales».

Registros sin orden judicial

El recurso también considera que la orden que faculta a la policía a entrar en los colegios y requisar todo el material relacionado con el referéndum se traducirá en entradas y registros sin orden judicial específica. «Se trata de una medida absolutamente desorbitada», recoge el abogado de la Generalitat. No sólo porque «el cierre masivo de locales no es una medida de investigación de ningún delito» sino también porque la requisa de material es «inadecuada para las finalidades de la instrucción penal».

El abogado de la Generalitat también considera que, entre otros, el auto del TSJC vulnera «el principio de proporcionalidad» porque puede afectar «al orden público y los derechos fundamentales de la ciudadanía». En este sentido, el letrado argumenta que «no se ha ponderado adecuadamente el riesgo de las intervenciones policiales ordenadas» porque pueden poner en peligro «la integridad física de un gran número de personas».

«Ante la previsible concentración de grandes aglomeraciones, y la tensión que se puede derivar, cualquier actuación en el sentido ordenado del auto puede causar gravísimas consecuencias», alerta el recurso de reforma. El abogado de la Generalitat también argumenta que «las medidas acordadas no pueden evitar la supuesta comisión de los delitos imputados» en los miembros del Gobierno (prevaricación, desobediencia y malversación de dinero público).

«De hecho, lo que se producirá el domingo no constituirá la comisión de ningún delito, sino la expresión y el lícito ejercicio por parte de la ciudadanía de derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la participación en los asuntos públicos». El abogado alerta, en este punto, que el cierre «masivo» de los colegios electorales «vulneraría principios esenciales y derechos de todos y cada uno de los ciudadanos que, a pesar de no encontrarse querellados ni imputados, verían sus derechos fundamentales seriamente vulnerados».

El abogado de la Generalitat solicita al TSJC que estime el recurso de reforma y que, en consecuencia, «revoque las medidas cautelares» dictadas ante la convocatoria del referéndum. Por último el escrito pide al alto tribunal que «vista la especial y calificada urgencia que concurre en este caso, se resuelva el presente recurso antes del próximo domingo 1 de octubre».