La jueza envía a Oriol Pujol a un juicio con jurado popular por|para la trama de las ITV

La magistrada instructora del 'caso de las ITV' ha enviado a juicio Oriol Pujol, su mujer, Anna Vidal, y cuatro personas más, por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad en documento mercantil. El juicio se hará con jurado popular, y Pujol se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión y a una multa de 76.000 euros más una indemnización de 311.000 euros, que ya ha pactado con la fiscalía. Su mujer ha aceptado pagar una multa de 47.250 euros, y no tendrá que ingresar en la prisión, mientras que Sergi Pastor y Ricard Puignou también han aceptado las peticiones de pena del ministerio fiscal. Sergi Alsina y Josep Tous no han aceptado las peticiones de la fiscalía, y por eso se celebrará la vista con tribunal popular.

Con este pacto, Oriol Pujol consigue uno de sus máximos objetivos en la negociación con el ministerio fiscal: que su mujer no ingrese en la prisión. El hijo del expresidente de la Generalitat también intenta evitar al máximo el tiempo que él pueda pasar en la prisión. De los cinco años que inicialmente pedía la fiscalía, se pasaría a dos y medio, e incluso puede esquivar totalmente la prisión con los últimos cambios legales. De hecho, si se llega a juicio con jurado popular, Pujol es consciente de que la pena podría ser la más alta que pidiera el ministerio público, a causa de su entorno familiar. El acuerdo también fija el decomiso de poco más de 300.000 euros a Pujol Ferrusola.

El exdirigente convergente acepta que cobró comisiones irregulares para reformular el mapa de las estaciones de las ITV, que habría beneficiado un amigo suyo. También habría cobrado para intervenir en las deslocalizaciones de las multinacionales japonesas Sony, Yamaha y Sharp. Eso supone aceptar los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental. De hecho, Pujol, habría cobrado las comisiones a través de falsos trabajos de asesoría cobrados por su mujer a empresas beneficiadas por su marido. Anna Vidal y los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou han aceptado las penas de multa, mientras que el amigo de Pujol Sergi Alsina y el exnúmero 2 de la Diputación de Barcelona y excargo del Departamento de Industria Josep Tous no se han conformado al pacto.

Según la versión inicial de la fiscalía, en el 2010 el tripartito adjudicó el concurso de las ITV a Itevelesa y Atisae. Puignou, empresario de Certio, recurrió la decisión, pero al mismo tiempo pagó a Alsina entre 11.800 y 23.600 euros mensuales entre diciembre del 2010 y marzo del 2012 para que intentara influir en la Generalitat para revocar el concurso y convocar uno nuevo. Según el ministerio público, Puignou sabía que Alsina era muy amigo de Pujol, y este último habría hecho una 'sugerencia activa' al secretario general del Departamento de Empresa y Ocupación, Enric Colet, para que contratara a Josep Tous como 'pacificador' del sector.

Al mismo tiempo, los fiscales creen que Alsina pagó unos 2.360 euros mensuales a Tous entre marzo del 2011 y febrero del 2012 para que lo favoreciera en el nuevo reparto de estaciones de ITV.

El segundo gran capítulo delictivo serían varias inversiones industriales, en las cuales Alsina participaba como intermediario y que habrían tenido la influencia de Pujol para que sacaran adelante, influencia que habría cobrado a través de un supuesto asesoramiento externo de su mujer, Anna Vidal, en Alsina. Así, Alsina cobró 4,2 millones por|para la deslocalización de la planta de Yamaha en Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental), y 3,2 millones por el mismo trabajo con la planta de Sharp en Sant Cugat del Vallès. En este último trabajo, Anna Vidal cobró 236.000 euros a Alsina por|para informes que, según la fiscalía, eran ficticios y no aportaban información relevante.

En otro proyecto de Alsina, se pretendía crear una campa de vehículos cerca de la fábrica de Seat en Martorell (Baix Llobregat), por la cual Vidal facturó 88.500 euros en Alsina.

Por otros trabajos, Vidal cobró un total de 1,14 millones de euros a Alsina en proyectos como una fusión entre empresas o la construcción de una planta de biogás en la comarca del Montsià, para remunerar, según la fiscalía, «la inestimable colaboración» de Oriol Pujol.