Puigdemont exige «la retirada» de los policías y guardias civiles enviados por el 1-O

El Gobierno de la Generalitat ha acordado, a su reunión de este lunes, exigir al ministerio del Interior «la retirada» inmediata de todos los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional española que el Estado envió de forma extraordinaria para el 1-O. «Han causado represión y graves actos de violencia contra un país que ha movilizado millones de personas sin ningún incidente», ha denunciado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha justificado su petición asegurando que «si el gobierno español los trasladó para el 1-O y el 1-O ya ha pasado, su trabajo ha acabado». «Tenían que venir por un clima de desorden público y hemos demostrado que el desorden público lo han causado ellos. Si queremos respetar que la violencia no es el camino, que lo dice todo el mundo menos el gobierno español, el primer paso es que estos efectivos que han llegado impulsados por aquel ‘a miedo ellos’ no hagan ningún servicio más aquí», ha sentenciado.

Puigdemont ha reclamado así que se marchen los efectivos supletorios y ha denunciado el «dispositivo con un comportamiento bajo sospecha» por los episodios de cargas policiales durante el 1-O. En este sentido, el Gobierno también ha aprobado «denunciar la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía del Estado por lesiones y daños», trámites que se suman a las querellas ya presentadas contra la Fiscalía por usurpación de funciones y prevaricación.

A pesar de no tener todavía una cifra del coste que creen que tienen los desperfectos materiales causados por las cargas policiales, Puigdemont ha garantizado que el balance se hará público pronto porque están trabajando por incluirlo a la denuncia. Con respecto a los heridos y atendidos víctimas de la acción policial, el presidente ha detallado que «constan 893 personas atendidas de diferentes afectaciones, cuatro de los cuales están hospitalizados y dos con pronóstico reservado». Además, ha explicado que ya hay 73 denuncias de ciudadanos interpuestas y que «está previsto» que esta cifra crezca.

Precisamente pensando en estas cargan y en las víctimas, el Gobierno ha aprobado también la «creación de una comisión especial de investigación sobre la violación de derechos fundamentales a Cataluña». «Recogeremos toda la información, ingente y de todo tipo, desde las denuncias de ciudadanos hasta el material informativo que acredita las violaciones de derechos», ha dicho, añadiendo que este organismo también servirá para «acompañar y reconocer a las víctimas de la brutalidad policial». «Son ciudadanos catalanes y europeos que están protegidos por la carta europea de derechos humanos, y merecen que al menos su Gobierno los reconozca», ha concluido.

Además, el ejecutivo ha anunciado que emprenderá «todas las acciones legales hasta las últimas consecuencias para depurar las responsabilidades de los agentes, de los mandos y de los responsables políticos que» han «ordenado» el operativo y las cargas del 1-O. En este sentido, también ha concretado que será el Gobierno quien se personará como acusación particular en todos los casos y «dará toda la cobertura que haga falta» a las víctimas. «El 1-O hubo una jornada de violencia gratuita como no habíamos conocido al menos en los últimos 40 años, no se puede volver a repetir y no puede quedar impune», ha concluido.