La policía española dirigirá la seguridad del Palacio de Justicia por orden del presidente del TSJC

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenado que la vigilancia del Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona, en el paseo Lluís Companys, sea a partir de ahora compartida entre los Mossos d'Esquadra y la policía española, todo y que la esta última será la que la dirigirá. Hasta ahora, los Mossos se hacían cargo en exclusiva de la vigilancia exterior e interior, así como de la custodia de los detenidos que tenían que declarar a los juicios. La policía catalana también es la responsable de la vigilancia de todos los edificios judiciales de Cataluña, aunque normalmente se hace cargo una empresa de seguridad privada. Los Mossos también custodiaban la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, en la calle Pau Claris.

En una breve nota, el TSJC informa de que Barrientos, «de acuerdo con las facultades gubernativas de que legalmente dispone, ha acordado y ordenado» al jefe superior de la policía española en Cataluña, Sebastián Trapote, que agentes de este cuerpo se sumen a los mossos que hay en el edificio. «La decisión obedece a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento ante la posibilidad que el Parlament de Catalunya decida» aplicar la Ley de Transitoriedad, que prevé la sustitución del TSJC por el Tribunal Supremo de Cataluña, así como la elección de una nueva cúpula judicial.

»El presidente del TSJC entiende que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de forma más eficaz la legalidad constitucional», asegura el comunicado. Por lo tanto, desde este lunes y de acuerdo con esta decisión, la vigilancia del Palacio de Justicia es compartida por ambos cuerpos policiales bajo el «mandamiento» de la policía española.

En un escrito del pasado viernes de cinco páginas, Barrientos recuerda que la ley protege los jueces y magistrados que «se consideren inquietados o perturbados en su independencia» y los permite tomar las decisiones oportunas para «asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico». Como la Ley de Transitoriedad «regula y desarrolla un poder judicial que ignora la previsión constitucional» y «se constata la determinación» del Gobierno para hacer la aplicación efectiva de esta ley suspendida por el Tribunal Constitucional, Barrientos cree que eso «perturban invariablemente la integridad del TSJC y la independencia de los magistrados que lo integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición y comprometen la función jurisdiccional que ejercen».

El presidente del TSJC también recuerda que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encarga a la Guardia Civil y a la policía española la vigilancia y protección de los edificios públicos que lo requieran y velar por la protección y seguridad de altas personalidades. Los Mossos tienen encargada la seguridad del Palacio de Justicia, pero la misma ley no prohíbe la intervención de los cuerpos estatales cuando «lo estimen necesario las autoridades estatales competentes» e insta a los cuerpos policiales a colaborar, aunque siempre prevalecerá el mando de un cuerpo estatal por encima de uno autonómico.

Por todo eso, y para «preservar la integridad del poder judicial y el normal funcionamiento del TSJC, la independencia de todos los magistrados que lo integran y el ordinario cumplimiento de sus deberes jurisdiccionales», ordena al cabo de la policía española en Cataluña que «destaque y despliegue dentro del Palacio de Justicia, así como en el entorno y perímetro si fuera necesario, los efectivos de la policía nacional que se estimen imprescindibles para que preserven la seguridad del edificio, el normal funcionamiento del TSJC y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales para todos sus integrantes». Este trabajo se tiene que hacer con «colaboración de los Mossos, pero bajo el mando de quien dirija la unidad de la policía española desplegada», concreta Barrientos.