SegurCaixa Adeslas deniega a Mas cubrir la fianza de 5,2 millones de euros que le reclama el Tribunal de Cuentas por el 9-N
La aseguradora sostiene que la póliza de responsabilidad civil del expresidente no puede hacerse cargo de hechos condenados por la justicia
SegurCaixa Adeslas, participada por el grupo Mutua Madrilenya y CaixaBank, ha denegado al expresidente Artur Mas cubrir la fianza de 5,2 millones de euros que le reclama el Tribunal de Cuentas por el gasto en la organización del 9-N. Fuentes de la aseguradora han explicado que no se harán cargo del pago de este dinero ya que la póliza de responsabilidad civil que Mas tenía como a cargo de la Generalitat no cubre casos derivados de hechos que han sido considerados delito y condenados por la justicia. Mas tiene hasta el 16 de octubre para depositar la fianza, después de que el Tribunal de Cuentas notificara el pasado 25 de septiembre que tenía que pagar 5.251.948 millones de euros (4.831.599 euros más 420.349 euros de intereses) por la consulta de noviembre del 2014.
El Tribunal de Cuentas considera a Mas como máximo responsable y por lo tanto la persona que tendrá que afrontar el total de esta cantidad en el caso que el resto de los investigados no provisionin las cantidades que se les asignan. Estas son 3.044.399 euros para la exconsellera de Educación, Irene Rigau –por la adquisición de ordenadores para la consulta-, 2.127.580 a Francesc Homs por gastos del departamento de Presidencia relacionados con la consulta, y 839.439 euros a Joana Ortega por partidas del departamento de Gobernación. Las cantidades corresponden en el cálculo de partidas destinadas al referéndum, y en algunos casos se solapan, hecho que sitúa el máximo que puede afrontar Mas en 5,2 millones de euros. Aunque había siete cargos del Gobierno más en este procedimiento, el Tribunal ha dejado fuera finalmente la interventora y el jefe de sistemas de información del Consorcio de Educación de Barcelona, Carolina Pardo y Jordi Serra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó en marzo el expresidente de la Generalitat Artur Mas a 2 años de inhabilitación, la exvicepresidenta Joana Ortega a 1 año y 9 meses y la exconsellera Irene Rigau a un año y medio, por el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014. Los tres fueron condenados por los delitos de desobediencia y absueltos del de prevaricación.