Mas, Ortega, Rigau y Homs depositan 2,2 millones en el Tribunal de Cuentas y piden aplazar los otros 3

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau ya han depositado 2,2 millones de euros de la fianza que le reclama el Tribunal de Cuentas por la organización del proceso participativo del 9 de noviembre del 2014. No obstante, ha pedido al tribunal que amplíe 15 días el plazo, que acaba este lunes, fijado para abonar el resto de la fianza, que sube hasta los 5,2 millones, según un escrito presentado por su defensa. Masía, Ortega, Homs y Rigau han depositado la cantidad como «garantía» para afrontar su eventual responsabilidad contable en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas después de que el TSJC lo absolviera del delito de malversación de fondos públicos.

El escrito, presentado el viernes pasado y al cual ha tenido acceso la ACN, dice que para alcanzar los 5,2 millones se presentarán próximamente «otros medios de garantía», sin concretar cuáles, y explica que el pago será proporcional a la responsabilidad de cada afectado, que incluye a los cuatro exdirigentes citados y otros altos cargos del Gobierno. En el escrito se asegura de que este ingreso no supone aceptar ninguna pena ni los delitos o infracciones contables que les atribuye el Tribunal de Cuentas.

El 25 de septiembre pasado el órgano fiscalizador comunicó a Mas que tenía que depositar una fianza solidaria de 5,25 millones por|para el gasto ocasionado en las arcas públicas al organizar la consulta del 9-N. La exigencia de fianza afecta a los otros condenados penalmente por un delito de desobediencia con motivo del 9-N: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsellera de Ensenyament y diputada Irene Rigau, y el exconseller de la Presidencia y exportavoz del Gobierno Francesc Homs, aparte de cinco altos cargos del Gobierno.

Hace unos días la aseguradora SegurCaixa Adeslas denegó a Mas cubrir la fianza porque la póliza de responsabilidad civil que Mas tenía como a cargo de la Generalitat no cubre sanciones derivadas de delitos.

El Tribunal de Cuentas considera a Mas como máximo responsable y por lo tanto la persona que tendrá que afrontar el total de esta cantidad en el caso que el resto de los investigados no provisionin las cantidades que se les asignan. Estas son 3.044.399 euros para Rigau –por la adquisición de ordenadores para la consulta-, 2.127.580 en Homs por gastos del departamento de Presidencia relacionados con la consulta, y 839.439 euros en Ortega por partidas del departamento de Gobernación. Las cantidades corresponden en el cálculo de partidas destinadas a la consulta, y en algunos casos se solapan, hecho que sitúa el máximo que puede afrontar Mas en 5,2 millones de euros. Aunque había siete cargos del Gobierno más en este procedimiento, el Tribunal ha dejado fuera finalmente la interventora y la jefe de sistemas de información del Consorcio de Educación de Barcelona, Carolina Pardo y Jordi Serra.