Jordi Sànchez acusa a la magistrada Lamela de hacer una «interpretación extravagante» de la ley para aprisionarlo

El abogado del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha criticado este viernes a la magistrada de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela por hacer una «interpretación extravagante» de la ley para aprisionar a su cliente. Así, considera que no tiene competencias para investigarlo por sedición y también considera exagerados los argumentos para ingresarlo preventivamente en la prisión. Por eso, pide su libertad y, como mucho, retirarle el pasaporte u obligarlo a comparecer periódicamente en el juzgado.

En su escrito de 36 páginas, el abogado Jordi Pina reitera algunos de los argumentos utilizados en anteriores recursos y considera que la Audiencia Nacional no tiene competencias para juzgar un delito de sedición, ya que se trata de un delito de orden público, que corresponde a los juzgados ordinarios, y no contra la forma de gobierno, como aseguran la fiscalía y la magistrada. Así, el letrado recuerda que el delito de sedición está dentro del capítulo del Código Penal de 1995 de los delitos contra el orden público, mientras que los delitos contra la forma de gobierno no tienen ningún capítulo específico, como sí tenían en el Código Penal de 1973. Además, Pina recuerda que hace unos años la propia Audiencia Nacional rechazó investigar el supuesto delito de rebelión de los militares alzados en 1936 contra la República al considerarse no competente.

Asimismo, el escrito asegura que el acto de rodear la Conselleria de Economía el 20 de septiembre no tenía capacidad de cambiar la forma de gobierno, dejando de lado la supuesta intención de los manifestantes.

Además, el abogado asegura que entre la primera declaración como investigados el 6 de octubre y la del 16 de octubre no ha habido hechos nuevos ni diligencias de investigación que aporten nuevos indicios contra su cliente. De hecho, recuerda que la fiscalía no pidió la segunda declaración, y que la magistrada sólo se basó en un informe de la Guardia Civil sobre los hechos del 1 de octubre. Sobre este informe, el abogado critica que el cuerpo policial lo aporte sin que nadie le haya pedido, y recuerda que no hace referencia a los hechos investigados del 20 de septiembre. «Es por iniciativa propia, es irregular», asegura el escrito en referencia al informe policial.

Sobre la concentración ante Economía, Sànchez recuerda que la ANC la convocó y la comunicó al Departamento de Interior esperando que fueran unas 2.000 personas, no 40.000 como finalmente fueron. Además, dice que el líder de l'ANC no se puede hacer responsable de otras concentraciones en otros lugares ni de la actitud individual de cada concentrado.

Sobre los motivos para aprisionarlo, el abogado recuerda que la fiscalía sólo alegó uno de los tres motivos posibles, la reiteración delictiva, pero la magistrada añadió el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, cosa que provocó indefensión en el investigado porque su letrado no lo pudo defender ante estos motivos no alegados por la fiscalía. Sobre la destrucción de pruebas, el abogado dice que la magistrada no dice qué pruebas se podrían destruir. Sobre el riesgo de fuga, alega que Sànchez fue voluntariamente a declarar las dos veces, sabiendo que había rumores de encarcelamiento en la segunda declaración. Además, pide que se tenga en cuenta su situación laboral y familiar, como se hizo con Trapero, y por eso aporta documentación. Sobre la reiteración delictiva, el abogado niega que cometiera ningún delito pero, si fuera el caso, recuerda que la ANC siempre ha apostado por movilizaciones pacíficas y la sedición requiere algún tipo de fuerza o violencia.

Por todo eso, pide, que se anule el orden de prisión y se pueda sustituir por una retirada de pasaporte y comparecencia periódica en los juzgados.

Por último, el abogado pide que se convoque otra vista oral con Sànchez presente con el fin de revocar la orden de prisión.