Todas las medidas del 155

El documento que el gobierno español ha remitido al Senado para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña incluye una veintena de medidas que afectan a todos los ámbitos del autogobierno de Cataluña y van del cese del presidente de la Generalitat y todo su gobierno, a la posibilidad de vetar iniciativas del Parlamento, pasando por un control de toda la administración, incluidos los Mossos y los medios públicos, y el blindaje de «el organismo o autoridad» que actuará. Según el escrito, la aplicación del 155 tendrá una duración máxima de seis meses (más los 54 días desde la convocatoria de las elecciones), pero el gobierno español tiene la capacidad de alcanzar el plazo si hace una nueva petición al Senado.

Las medidas constan en un documento de 21 páginas donde l'executu de Rajoy desgrana todos los ámbitos afectados.

Cese de Puigdemont y su gobierno

La primera medida es el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente y todo su gobierno, y su sustitución en el ejercicio de todas las funciones. Serían sustituidos por los «órganos o autoridades que cree a tal efecto el gobierno de la nación». Se añaden los cargos de confianza designados por los consellers, aunque el ejecutivo de Rajoy asegura que «se preservará el escalafón de la administración». El presidente español, Mariano Rajoy, asume sus competencias. La principal es que le permite disolver el Parlament de Catalunya y convocar elecciones autonómicas. Según el documento, lo hará en un plazo máximo de seis meses. Eso no implica necesariamente que las elecciones tengan lugar dentro del plazo de estos seis meses, porque según ha explicado la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría en una reunión con los medios, se pueden añadir los 54 días que marca la LOREG entre la convocatoria de las elecciones y su celebración.

Cese de cualquier trabajador de la Administración

El acuerdo del gobierno español para intervenir a la Generalitat permite que el «nombramiento, cese o la sustitución temporal» de «cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat de Catalunya» así como también de «cualquier organismo, ente o entidad vinculada o dependiente de la misma, y de su sector público empresarial.» Además, la aplicación del 155 dice que en caso de incumplimiento de las instrucciones de las nuevas autoridades, se podrían abrir «responsabilidades disciplinarias» contra los trabajadores sin impedir, también, posibles responsabilidades «patrimoniales, contables o penales». Por otra parte, se somete a un «régimen de comunicación o autorización previa» toda actuación de la Administración de la Generalitat, declarando «nulos los actos, actuaciones o resoluciones que se adopten sin este requisito».

Veto en el Parlamento

La aplicación del 155 supondrá también la limitación de las funciones del Parlament de Catalunya, que tendrá que someter todas sus iniciativas y enmiendas a un control previo de una «autoridad» designada por el gobierno español que las podrá vetar y suspender toda la tramitación. El procedimiento obliga en la Mesa a remitirle todas las proposiciones de ley, propuestas de reforma del Estatuto, propuestas de reforma del Reglamento, enmiendas, propuestas de resolución o disposiciones normativas «para que manifieste, en un plazo de 30 días, su conformidad o no a la tramitación». Además, la aplicación del 155 implica que «no se podrán someter a debate y votación» las iniciativas y enmiendas «mientras la autoridad que se designe no haya expresamente otorgado su conformidad». Si las deniega, «quedarán suspendidos todos las trámites parlamentarios subsiguientes». Además, las propuestas de resolución del Parlamento y las declaraciones institucionales «no se podrán dirigir a las autoridades designadas» para la aplicación del 155 y siempre «tendrán que ser conformes a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las resoluciones del Tribunal Constitucional». La viceprsidenta del gobierno español ha asegurado en un brieffing con la prensa que la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, igual que el resto de los diputados podrán seguir actuando como diputados.

Control de los Mossos

El documento prevé que el control de los Mossos lo asuma directamente un «órgano o autoridad creado o designado» por el gobierno español que dará «instrucciones directas y de obligado cumplido a los miembros de la Policía de la Generalitat de Catalunya». Además, «en caso de que sea necesario» los ministros autorizan que los Mossos «sean sustituidos por efectivos» de la policía española, que podrá ser «desplegada» en Cataluña. El acuerdo también prevé que «en caso de incumplimiento» de las órdenes «se podrá proceder a su exigencia» y pedir «responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de cualquier otro tipo».

Control de los medios públicos

Otra de las áreas afectadas por la intervención son los medios públicos, El ejecutivo español quiere asumir las funciones de la Generalitat en esta área para «garantizar una información veraz, objetiva y equilibrada, el pluralismo político, social, cultural y con el equilibrio territorial» desde el «respeto a los valores y principios contenidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña». La asunción de las competencias de los medios públicos irá acompañado también de las que tienen que ver con las telecomunicaciones y a los servicios digitales, así como las funciones de la Generalitat sobre tecnologías de la información, y en particular las del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña.

Control de las finanzas

El acuerdo también establece que el gobierno español adoptará medidas de control de las finanzas para «garantizar que los ingresos que corresponde recaudar o recibir» a la administración catalana «no se destine a actividades o finalidades vinculadas o relacionadas con el proceso secesionista». También para garantizar «la prestación de sirve públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera».

Blindaje de «la autoridad» estatal

El mecanismo establece también un blindaje de la autoridad estatal que desplegará el 155 y sustituirá el Gobierno. Se«prohíbe» cualquier acuerdo, disposición, resolución o convenio administrativo «que contravenga las medidas» del 155. Esta autoridad podrá elaborar directrices, instrucciones y protocolos para que la Administración ejecute las medidas adoptadas «en defensa y respecto de la orden constitucional». Además, no se podrán tramitar expedientes sancionadores cultiva los funcionarios que acaten estas órdenes, mientras que el incumplimiento supondrá el «traslado al Ministerio Fiscal» para la exigencia de «responsabilidad penal».

Modificación de los departamentos

El acuerdo del Consejo de Ministros también faculta el organismo o autoridad que se haga cargo de la gestión de Cataluña a modificar los departamentos de la Generalitat, así como las estructuras orgánicas, ente y entidades vinculadas o dependientes de la Generalitat de Catalunya. Dispondrá de «potestad de organización, creación, modificación y extinción de aquellos organismos y entidades públicas creadas o autorizadas por ley».

Modificación de las medidas sobre la marcha

Según el escrito del gobierno español, las medidas estarán en vigor hasta la celebración de unas elecciones autonómicas, pero mientras tanto el gobierno español tiene la posibilidad de plantear al Senado las «modificaciones o actualizaciones» que considere oportuno.